Luis Diego Hernández, fiscal coordinador de la Subprocuraduría Ambiental, denunció la existencia de una mafia inmobiliaria en Costa Rica lucrando con proyectos de desarrollo perjudiciales para los ecosistemas. Hernández fue entrevistado por el medio costarricense Amelia Rueda en el programa Nuestra Voz.
El fiscal hizo esta afirmación tras denuncias de grupos ambientalistas sobre los daños causados por quemas y movimientos de tierras en el humedal de Coris, en Cartago. Este territorio es único, pues es un humedal en plena Gran Área Metropolitana que sirve de hábitat para muchas especies de aves.
“Utilizan mecanismos como el tráfico de tierras, el uso perverso y sistemático de tierras estatales para incorporarlas a circuitos de mercado y lucrar con ellas”, explicó Hernández.
Según el fiscal ambiental, casos como el de Coris ocurren porque el Estado no prohíbe desarrollos claramente perjudiciales para la naturaleza. También señaló que los Municipios no están tomando en cuenta el medio ambiente.
“Priorizan el desarrollo excesivo y descuidan la variable ambiental. Este es un claro ejemplo de las consecuencias de la ambición y el egoísmo de los desarrolladores”, afirmó.
Hernández también mencionó que los municipios cuentan con inventarios de humedales y pueden pedir a los desarrolladores que demuestren que no habrá daño ambiental con sus proyectos. Sin embargo, indicó que los municipios parecen sólo favorecer los intereses privados.
“En unos años tendremos un área que solía ser un humedal transformada en una zona de condominios. Hay que dejar de lado el espíritu de lucro a costa del medio ambiente y pensar colectivamente en proteger todos estos bienes que son de todos los costarricenses”, advirtió Hernández.
El Fiscal explicó que, si bien el país cuenta con una legislación para sancionar estas acciones, es muy débil y es muy difícil condenar a alguien.
“Hay medidas legales para recuperar un humedal y demoler edificaciones, pero una vez que el asunto pasa a un proceso penal, es casi imposible recuperar un humedal porque las consecuencias son irreparables”, concluyó.
Según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, un total de 1,2 hectáreas en Coris resultaron dañadas por incendios y maquinaria. Si bien es posible recuperarlos, hay daños ambientales que son totalmente irreversibles.
