Una organización de derechos humanos en El Salvador pidió “justicia y reparaciones” el martes para las 600 personas masacradas por el ejército en las orillas de un río hace 44 años mientras intentaban escapar de la guerra civil.
El 14 de mayo de 1980, más de 600 niños, mujeres y ancianos fueron asesinados en la comunidad de Las Aradas, en las orillas del río Sumpul, en la frontera con Honduras, a unos 100 km al norte de San Salvador.
Una investigación de una Comisión de la Verdad creada por la ONU concluyó en 1993 que el ejército “mató deliberadamente” a estos civiles “no combatientes” que intentaban cruzar el río para refugiarse en Honduras.
“Han pasado 44 años de impunidad en la masacre del Sumpul y falta voluntad para aplicar medidas de justicia y reparación”, dijo Alejandro Díaz, abogado de la ONG Tutela Legal, que defiende a las víctimas de la guerra civil (1980-1992).
Tutela Legal, que denunció la masacre ante los tribunales en 1992, acusa a miembros del Ejército, la extinta Guardia Nacional y la Organización Democrática Nacionalista (Orden), un grupo paramilitar que colaboró con las Fuerzas Armadas en la lucha contra los guerrilleros de izquierda, de estos crímenes.
El informe de la ONU también estableció que “la masacre fue posible gracias a la colaboración de las Fuerzas Armadas hondureñas, que impidieron el paso de los habitantes salvadoreños” al país vecino.
También consideró que “hubo encubrimiento de los hechos por parte de las autoridades militares salvadoreñas” y que esta masacre constituyó “una grave violación” de las normas del derecho internacional humanitario.
Tutela Legal acusa a un grupo de oficiales liderados por el entonces Ministro de Defensa, General José Guillermo García, de 90 años, quien también tiene una orden de arresto por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en marzo de 1982, de la masacre. Para evitar ir a prisión por el caso holandés, García ha sido ingresado a un hospital privado por 21 meses.
Durante el mandato de García, considerado el hombre militar más poderoso de las Fuerzas Armadas en ese momento, se cometieron 41 masacres, según la ONG de derechos humanos Cristosal.
Indulto para todos
Mientras esta ONG busca justicia, el grupo de generales jubilados declaró, con motivo del bicentenario del ejército salvadoreño, el 7 de mayo, “que ningún soldado debería ser juzgado, criticado o cuestionado por haber cumplido la misión de defender a El Salvador”.
En esa misma ocasión, el general jubilado Humberto Corado, Ministro de Defensa en 1993-1995, pidió un indulto para todos los militares. “Pido al liderazgo político del país que emita un decreto de indulto para todos los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en el conflicto y que de una forma u otra están siendo procesados, eso para nosotros será el mejor regalo en este Bicentenario”, dijo Corado a Channel 21 televisión.
Por su parte, el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la ONG, Miguel Montenegro, lamentó que el lunes una comisión del Congreso dominada por el partido del Presidente Nayib Bukele archivara un proyecto de ley para castigar a los responsables de crímenes durante la guerra civil.
“Quieren seguir protegiendo a los victimarios y no a las víctimas”, dijo Montenegro. La guerra civil salvadoreña dejó más de 75,000 muertos, miles de desaparecidos y pérdidas sustanciales para la economía nacional.
