Un asedio militar impuesto hace casi dos meses para combatir pandillas en Chalatenango, una región del norte de El Salvador, ha devuelto la seguridad a las calles del área, dijeron los residentes el miércoles.
“Para mí, lo que se ha visto es un éxito, para mí es bueno, nos sentimos seguros, podemos dormir en el porche de la casa, no hay miedo,” dijo María Portillo, una vendedora de 56 años en la comunidad de Guarjila, Chalatenango.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como parte de su “guerra” contra las pandillas, ordenó el despliegue de 6,000 soldados y policías el 24 de marzo para desmantelar remanentes de pandillas después de dos homicidios en Chalatenango, a unos 90 km al norte de San Salvador.
Las autoridades capturaron a los dos sospechosos del doble asesinato, que presuntamente son miembros de la facción Sureños de la pandilla Barrio 18.
En las calles, los residentes dijeron que ahora prevalece una atmósfera de tranquilidad en Chalatenango, una región predominantemente agrícola y ganadera. Armados con rifles M-16, chalecos y cascos, los soldados vestidos de uniforme se mueven por las calles y los bosques.
“Ahora salimos libremente, y antes ni siquiera me atrevía a salir por aquí,” dijo María Hernández, una ama de casa de 63 años, en el pueblo de San Isidro Labrador. Bukele declaró la “guerra” a las pandillas el 27 de marzo de 2022, después de una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, bajo un cuestionado estado de emergencia que permite arrestos sin orden judicial.
Las maras o pandillas se financiaban mediante el cobro de extorsiones a miles de salvadoreños, principalmente comerciantes y transportistas. La cruzada de Bukele devolvió la tranquilidad a las calles y aumentó su popularidad, lo que le permitió ser reelegido en febrero para un segundo mandato de cinco años.
En el marco del asedio militar vigente, el martes falleció un presunto miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) después de que las tropas de la Cuarta Brigada de Infantería de Chalatenango “repelieron” a un grupo de pandilleros en el pueblo de La Palma, informaron las Fuerzas Armadas en la red social X.
Desde que comenzó la “guerra”, según las autoridades, se han arrestado un poco más de 80,000 presuntos miembros de pandillas. Sin embargo, grupos de derechos humanos sostienen que entre los detenidos hay muchas personas inocentes y que la “crisis” de derechos humanos podría “perpetuarse” en el país.
“Los que están pagando las consecuencias son la población detenida injustamente,” dijo Miguel Montenegro, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos.
