La Procuraduría General de la República de Nicaragua afirmó este viernes que ha “recuperado legalmente” propiedades de opositores, universidades y ONG, en el marco de juicios o decisiones administrativas por incumplimiento de leyes, y no las ha “confiscado” como denuncian estos grupos.
“El Estado reitera su estricto cumplimiento del respeto a la Propiedad Privada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44, último párrafo, de nuestra Constitución Política, que prohíbe la confiscación de bienes”, afirmó la entidad estatal.
Las propiedades que han pasado a estar en posesión del Estado, en una cantidad no especificada por la Procuraduría General, han sido asignadas para el servicio de la población como centros de salud, educación en diversas áreas y en beneficio de sectores vulnerables, argumentó.
El Observatorio Pro Transparencia y Anti-Corrupción, de la ONG Hacemos Democracia, denunció este jueves que desde ese año, el gobierno del Presidente Daniel Ortega “ha confiscado” al menos 135 propiedades, con un valor estimado de 250 millones de dólares.
Según el observatorio, estas acciones se incrementaron en 2023 tras la liberación y expulsión de 222 opositores y la denacionalización de 94 ciudadanos acusados de “traición a la patria”. Sin embargo, la Procuraduría General reiteró su rechazo a que se trate de confiscaciones.
“El Estado ha recibido, y ha recuperado legalmente para el Pueblo nicaragüense, propiedades, derivadas de procesos penales por Tráfico de Drogas, lavado de dinero; por la Comisión de Delitos contra la Seguridad Ciudadana, la Soberanía (…); así como Resoluciones emitidas administrativamente, por incumplimiento de la legislación que regula las ONG”, señaló.
“Con pleno ejercicio de su Soberanía, el Estado de Nicaragua restituyó los bienes mencionados en favor del Pueblo nicaragüense, ya que son los más afectados por acciones criminales e incumplimientos”, agregó.
La transferencia de propiedades al Estado se enmarca en el endurecimiento de las leyes en Nicaragua sobre asociaciones civiles tras las protestas contra el gobierno en 2018, que en tres meses de bloqueos y enfrentamientos entre opositores y partidarios dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
El gobierno de Ortega, que consideró esas manifestaciones como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, aseguró que opositores y algunas ONG las financiaron. La oposición afirma que a partir de abril se han cerrado 3,494 ONG y 29 universidades.
