Trece individuos de cuatro nacionalidades distintas fueron rescatados este domingo después de permanecer retenidos desde noviembre de 2023 en una nave anclada en Golfito, Puntarenas. La operación fue llevada a cabo por agentes de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
A finales de mayo, recibieron información confidencial sobre las supuestas condiciones de las personas, quienes no recibían salario y vivían en condiciones deplorables, con alimentación inadecuada y hacinamiento.
“A finales de mayo de 2024, se recibió información confidencial que indicaba que esta nave estaba anclada con varias personas a bordo, las cuales no recibían ningún tipo de pago, tenían malas condiciones de alimentación y vivían en hacinamiento”, explicó el OIJ.
Según detalló el OIJ, el domingo pasado a las 9:00 horas se realizó el allanamiento y se rescataron 13 personas de distintas nacionalidades, incluyendo mexicanos, ecuatorianos, venezolanos, costarricenses y portugueses. Como resultado, las autoridades detuvieron a un individuo de nacionalidad portuguesa, sospechoso del delito de Trata de Personas con Fines de Explotación Laboral.
El OIJ explicó que durante el allanamiento se confiscó un teléfono celular, junto con otras pruebas para la investigación. Según los funcionarios, las pruebas fotográficas fueron esenciales para demostrar las condiciones en las que vivían estas personas.
En relación al sospechoso, los agentes lo presentaron ante las autoridades judiciales, quienes determinarán su situación legal. En Costa Rica, la trata de personas está penada por la ley con penas que van de seis a diez años de prisión, o dieciséis años en aquellos casos en los que las víctimas sufran daños graves a su salud, si el delito fue perpetrado por una organización criminal, o en presencia de otras circunstancias agravantes.
El OIJ señaló que esta operación destaca la constante lucha contra la trata de personas y su compromiso con la protección de los derechos humanos. Las autoridades continuarán investigando para determinar la extensión de la red de explotación laboral y asegurarse de que los responsables respondan ante la justicia.
