Varias organizaciones ambientales y legisladores han solicitado a las autoridades investigar el presunto conflicto de interés y tráfico de influencias por parte de ocupantes de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) que participaron en el proceso del nuevo Plan Regulador Costero de Talamanca, el cual los beneficiaría.
El 26 de septiembre de 2023, el Consejo Municipal del Municipio de Talamanca aprobó el Plan Regulador Costero del Distrito Talamanca-Cahuita. Esto incluye la zona desde Cahuita (Arroyo Tuba) hasta Manzanillo. El plan regulador ha sido cuestionado por varios sectores por serias irregularidades, y se eliminaría el Patrimonio Natural del Estado (PNE) al otorgar más permisos de construcción.
Según los ambientalistas, tanto la Municipalidad de Talamanca como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) concedieron permisos de uso de suelo, construcción y tala en áreas consideradas como Patrimonio Natural del Estado, hogar de humedales o bosques costeros.
En febrero, el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, solicitó a la Municipalidad proporcionar una lista de nombres y entidades legales que eran ocupantes de la ZMT, pero la Municipalidad se negó. Posteriormente, fue obligada a hacerlo por la Corte Constitucional.
Según el diputado Robles, podría haber un posible caso de tráfico de influencias dado que las personas “en lugar de velar por tener un plan regulador acorde con las preocupaciones del cantón, velan por sus propios intereses como propietarios de terrenos ubicados dentro de la ZMT”.
Robles afirmó que han trasladado esta información a la Fiscalía encargada del caso ambiental y la agregarán a una investigación más amplia del plan regulador y las personas que participaron en su discusión o lo promovieron, teniendo intereses directos en los asuntos de zonificación relacionados con la ZMT.
Marta Castro, presidenta de Covirenas del Caribe Sur, afirmó que el plan regulador se diseñó para favorecer a quienes están violando la ley forestal y de la ZMT. Castro explicó que muchas de las hectáreas afectadas por la Ley 9223 se encuentran dentro de bosques y humedales que son Patrimonio Natural del Estado.
“El plan regulador se basó en la Ley 9223, como si no hubiese sido anulada, para zonificar estas áreas como residenciales, estacionamientos y áreas de recreación turística. Esta zonificación sin duda pasa por alto el patrimonio natural del estado, favoreciendo a todos estos desarrolladores”, denunció.
