Más de 1,000 menores han sido condenados por delitos bajo un estado de emergencia vigente en El Salvador desde marzo de 2022, según informó Human Rights Watch (HRW) el martes, denunciando arrestos indiscriminados e incluso tortura. Los niños han recibido sentencias que van desde dos a 12 años de prisión, “a menudo por cargos tan amplios como asociación ilícita, y frecuentemente basados en testimonios policiales no corroborados”, indicó la ONG en un informe.
“A través de malos tratos que incluyen tortura, algunos niños han sido obligados a confesar que son parte de una pandilla u otorgar información sobre supuesta afiliación a pandillas”, añadió. HRW destacó que las autoridades han tomado pocas, o ninguna, medida para proteger a los niños de la violencia por parte de otros detenidos, y que decenas han sido retenidos sin contacto con sus familias durante semanas o meses, o se les ha permitido ver a su abogado solo unos minutos antes de una audiencia.
El gobierno del presidente Nayib Bukele, conocido por su dura postura contra las pandillas, ha arrestado a más de 80,000 presuntos pandilleros bajo un estado de emergencia que permite arrestos sin orden judicial. El país registró el año pasado su tasa de homicidios más baja en tres décadas, transformándose de uno de los países más mortales de América Latina en uno de los más seguros.
La política sin restricciones de Bukele ha sido criticada por grupos de derechos humanos, pero lo ha convertido en el líder más popular de América Latina, según una encuesta regional, y lo llevó a ser reelegido en febrero con el 85 por ciento de los votos emitidos. Según el informe de HRW, al menos 3,000 de los arrestados en la represión fueron niños y adolescentes.
“Los niños de comunidades vulnerables en El Salvador están soportando el peso de las políticas de seguridad indiscriminadas del gobierno, sufriendo violaciones graves de derechos humanos”, afirmó la directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus, en un comunicado. “El gobierno debería poner fin a su enfoque abusivo y priorizar una política respetuosa de los derechos humanos y efectiva que desmantele las pandillas criminales, aborde el reclutamiento de menores y proporcione protección y oportunidades a los niños”, agregó.
La semana pasada, la ONG salvadoreña Cristosal informó que al menos 176 niños en el país han quedado huérfanos por la muerte de un padre en custodia. En total, según el informe, 261 detenidos adultos han fallecido en prisión desde 2022. Bukele ha rechazado las llamadas para poner fin al estado de emergencia y desestima las críticas de los grupos de derechos humanos.
