El Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, junto a varios ministros, se reunieron ayer con diputados de diversos partidos políticos para discutir sobre la minería en Crucitas. El gobierno busca modificar la legislación actual para asegurarse de que el Estado obtenga mejores beneficios de la minería de oro.
Laura Fernández, Ministra de la Presidencia, abogó por enmendar el Código Minero, que establece un beneficio para el país del 2% de la regalía. Señaló que las leyes actuales sobre este tema datan de 1948. Fernández hizo hincapié en el interés público y la necesidad de encontrar una solución para el “desastre ambiental” en esta área de San Carlos.
Mientras tanto, Franz Tattenbach, Ministro de Ambiente, declaró: “estamos interesados en proteger el medio ambiente, y para hacerlo, necesitamos acciones de la magnitud necesaria para combatir el desastre al que nos enfrentamos”.
El único partido político que no participó en la reunión fue Frente Amplio, quien recordó a todos que la minería a cielo abierto está prohibida en Costa Rica. El gobierno no descartó la posibilidad de que Infinito Gold Ltda. pueda explotar oro en Crucitas a través del modelo de concesión.
“En este momento, no hay prohibición para Industrias Infinito, ni para ninguna otra empresa. En el futuro, dependiendo del modelo que se elija para la explotación, si ese es el camino, no hay sanción para ninguna empresa que participe en un proceso de concesión”, comentó Manuel Tovar, Ministro de Comercio Exterior.
Desde el sector ambiental, la explotación de este mineral en Costa Rica no debería ser una opción, ya que se ha demostrado que esta práctica no da buenos resultados.
“El problema es la experiencia que hemos tenido en Costa Rica. Vemos que hay un mal manejo de todo el aspecto ambiental aquí, lo que genera daños. Por ejemplo, en la Mina Bellavista, un huracán muy fuerte rompió los estanques de relaves, contaminó ríos y llegó al mar. Recientemente, aproximadamente hace dos meses, lo mismo ocurrió de nuevo en otra mina, también en Miramar”, explicó el abogado ambiental Alvaro Sagot.
Mientras tanto, la Asociación de Geólogos considera que la opción de extraer oro de manera legal podría generar dinero que se puede destinar a un fondo solidario de reservas en beneficio de la pensión de toda la población, la construcción de escuelas, puentes, aeropuertos y hospitales.
