Honduras no está en guerra. Pero al igual que en países en conflicto, miles de familias han abandonado sus hogares para escapar de la violencia. Miembros de pandillas y traficantes de drogas los obligan a irse para utilizar sus hogares como puntos de vigilancia, vender drogas al menudeo, o como “casas locas”, lugares de muerte y horror donde cometen los crímenes más perversos.
Según la oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Defensor del Pueblo), las pandillas y narcos mantienen “un mini-gobierno” en los territorios que controlan, habiendo una unidad dedicada al “desplazamiento interno forzado”.
En el año 2023, esta oficina recibió 1,761 denuncias de desplazamiento forzado, pero un estudio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) detalló que entre 2004 y 2018 hubo 247,000 casos en Honduras. Kathryn Lo, representante de ACNUR, afirma: “ACNUR está aquí en Honduras trabajando en la prevención y la respuesta (…) al desplazamiento forzado”. Explica que ACNUR asiste a las víctimas y asesora al gobierno en la definición de políticas para abordar el problema.
Las personas huyen por “amenazas, extorsión, el asesinato de un familiar, el despojo de bienes y propiedades, y el reclutamiento de niños”, explica Elsy Reyes, jefa de Movilidad Humana en la oficina del Comisionado. “Incluso les dan plazos de 24 horas para marcharse”, dice Reyes. No es fácil hablar con las personas desplazadas, ya que tienen pánico de aparecer en los medios de comunicación.
Casas Vacías
Los miembros de pandillas y narcos han convertido a Honduras en uno de los países más violentos del mundo sin guerra. Asimismo, en un territorio con miles de casas abandonadas. La tasa de homicidios alcanzó 38 por cada 100,000 habitantes en 2023, seis veces más alta que el promedio mundial. Sin embargo, la cifra ha ido disminuyendo, ya que fue de 79 en 2013. El Registro de la Propiedad está contabilizando “casas abandonadas”, las cuales llegaban a 50,000 hasta 2018, menciona Reyes.
Hace pocas semanas, miembros de pandillas obligaron a una familia a abandonar una casa que estaban rentando en Mirador de Oriente, un barrio de clase trabajadora en Tegucigalpa. La casa desocupada fue rentada de nuevo a una pareja joven, quienes se mudaron con la ayuda de tres amigos el 23 de junio. Sin embargo, al llegar a la casa, los cinco fueron secuestrados.
Sus cuerpos fueron encontrados una semana después en una montaña cercana y escabrosa. Se han detenido a seis sospechosos por este crimen, atribuido a la temida pandilla Barrio 18.
Huyendo del País
Además de las personas desplazadas internamente, miles de hondureños han abandonado el país para escapar de la violencia. “Es un incremento gradual cada año”, afirma Lo. Según cifras de ACNUR, en 2014 había 14,305 hondureños “refugiados o solicitantes de asilo” en otros países. En 2023, la cifra se disparó a 301,236.
“La mayoría se encuentra en Estados Unidos y México”, especifica Lo. Las personas desplazadas internamente y quienes buscan refugio en el extranjero suman “más de medio millón, dentro de una población de diez millones” de personas, es decir, “un 5% de la población hondureña”, destaca Lo.
“No es fácil solucionar esto”, añade. Sin embargo, Lo resalta como un paso positivo la aprobación en 2023 de la “Ley de prevención, protección y atención a las personas desplazadas internamente”, la cual estipula “brindar alimentos” y “pago por vivienda por hasta seis meses” a las víctimas.
El Estado También
Para combatir a las pandillas, las autoridades impusieron un estado de excepción en diciembre de 2022 que permite arrestos sin orden judicial. Bajo esta norma, el gobierno de izquierda de Xiomara Castro ha desplegado miles de policías y militares por todo el país.
El Ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, afirma que los arrestos de fugitivos han aumentado un 85%, se han incautado 12,000 armas, y se han detenido a 4,500 miembros de pandillas o carteles de drogas. Sin embargo, las redadas policiales también estimulan los desplazamientos forzados, según la oficina del Defensor del Pueblo.
“El estado de excepción ha tenido un fuerte impacto en el desplazamiento forzado. Hemos identificado casos donde, como consecuencia de constantes redadas de la Policía Nacional, las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares”, señala Reyes.
Por lo tanto, “el desplazamiento no solo es causado por individuos o estructuras criminales, también es provocado por el propio Estado, incluso por operadores de justicia”, agrega.
