El 13 de agosto, la Agencia de Investigación Judicial arrestó a cinco funcionarios de la Agencia Nacional de Bienestar Infantil (PANI) por presunto tráfico humano y adopciones irregulares. La Sección Especializada en Violencia de Género y Tráfico de Personas de la Agencia de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que, después de una investigación, también se realizaron redadas.
Los sospechosos, tres mujeres y dos hombres de entre 31 y 61 años, fueron arrestados en las zonas de Guácimo, Siquirres, Pococí, Puerto Jiménez y Orotina. Según las autoridades, la investigación inició en octubre de 2022, tras denuncias desde la propia jerarquía de la agencia.
“La Presidenta Ejecutiva de PANI presentó un informe a la Fiscalía en agosto de 2022, en el que resaltó una serie de irregularidades administrativas en la adopción de menores en la oficina local de PANI en Cariari de Pococí”, explicaron las autoridades.
La Fiscalía también señaló que varias acciones investigativas llevaron a la identificación de estos sospechosos y revelaron irregularidades en la ubicación de los menores. Los procesos administrativos necesarios para la adopción no estaban siendo seguidos correctamente.
Parece ser que los funcionarios proporcionaron falso testimonio durante los procesos para separar a los niños de sus familias biológicas y colocarlos con familias adoptivas, incluyéndolos luego en el programa de adopción. Las autoridades aún están investigando si estos funcionarios aceptaron algún tipo de soborno.
Todo estos elementos se conjugaron para realizar las redadas de hoy, no solo en la delegación de la institución en Cariari, sino también en Puerto Jiménez, en el Departamento de Atención Regional Inmediata de PANI en Alajuela, la sede de PANI en Orotina y un centro integral ubicado en Santa Ana.
El día de ayer, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía contra los cinco funcionarios de PANI bajo investigación. La Fiscalía había solicitado una prohibición de salida del país, entrega de pasaportes y prohibición de contacto con testigos, pero no pidió la detención preventiva.
