La Alianza Comunitaria para la Planificación del Uso de la Tierra (ACOT) y varias organizaciones en Cóbano, Puntarenas, han presentado una apelación ante la Sala Constitucional contra la Secretaría Técnica Ambiental Nacional (SETENA) para detener un proyecto minero. Según estos grupos, el proyecto amenaza el ecosistema del Río Ario y fuentes de agua cercanas utilizadas para consumo humano.
El proyecto, propiedad de Constructora Herrera S.A., obtuvo la viabilidad ambiental de SETENA, a pesar de varias reclamaciones presentadas en enero que indicaban que carecía de una sólida base técnica.
Organizaciones comunitarias y ambientales alegan que Ulises Álvarez, el director general de SETENA—quien ya está bajo investigación por presuntas irregularidades en la concesión de permisos ambientales y ha sido detenido por la Fiscalía General—aprobó el proyecto sin realizar una evaluación de impacto ambiental exhaustiva o consultar adecuadamente a los habitantes locales.
Este conflicto surge en medio de una creciente preocupación por las actividades mineras en la región. A lo largo de 2023, hubo un aumento en la extracción de material del Río Ario, en muchos casos presuntamente sin control ambiental o supervisión técnica.
Las comunidades locales, apoyadas por organizaciones como Nicoya Peninsula Waterkeeper, han denunciado estas concesiones como un riesgo para la biodiversidad, incluidas especies en peligro como las tortugas marinas. También advierten que las operaciones mineras amenazan a las poblaciones locales al potencialmente contaminar fuentes de agua que proveen agua potable.
Desde diciembre de 2023, más de 2,150 personas han firmado una petición exigiendo la suspensión de las concesiones mineras en el Río Ario. Sin embargo, según los grupos, SETENA otorgó viabilidad ambiental a Constructora Herrera S.A. principalmente basándose en declaraciones del gerente ambiental contratado por la empresa.
Los ambientalistas critican la alarmante inactividad de las autoridades y, por lo tanto, se han dirigido a la Corte Constitucional, solicitando que revoque la resolución de SETENA para proteger el Río Ario y defender los derechos constitucionales al agua, la vida y un ambiente sano.
El Río Ario, parte del Corredor Biológico Peninsular y ubicado cerca del Refugio de Vida Silvestre Caleta-Ario, es un área de gran importancia ecológica. La extracción de materiales del río podría causar daños irreversibles a la biodiversidad. El Corredor conecta áreas protegidas en la Península de Nicoya y es crucial para la conservación de cuatro especies de tortugas marinas en peligro de extinción, así como para preservar manglares, estuarios y una rica diversidad de vida terrestre y marina.
