La Agencia de Investigación Judicial (OIJ) llevó a cabo una serie de operaciones, incluidos 26 allanamientos en Limón, San José y Heredia, como parte de una investigación en curso sobre el plan regulador de Talamanca.
Las autoridades confirmaron la detención de un individuo, identificado con el apellido Domínguez, junto con la recolección de documentos y pruebas. Se esperan cargos adicionales contra otros funcionarios en las próximas semanas basados en estas pruebas.
Entre los lugares allanados se encontraba la casa de Rugeli Morales, alcalde de Talamanca. También fueron inspeccionadas las oficinas de SINAC, la Municipalidad de Talamanca, el INVU, la SETENA y el ICT.
Esto marca la tercera acción legal relacionada con la presunta emisión de permisos irregulares en áreas protegidas en los últimos dos meses.
Randall Zúñiga, jefe de la OIJ, describió la investigación como altamente compleja, centrándose en la presunta participación de intereses económicos en la formación del Plan Regulador Costero de la Zona Marítimo-Terrestre de Talamanca.
“Se cree que esto se orquestó a través de acuerdos entre empresarios locales y funcionarios o ex funcionarios de varias instituciones, incluyendo la Municipalidad de Talamanca, el Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Instituto Costarricense de Turismo y la Secretaría Técnica Ambiental Nacional,” declararon las autoridades.
La Fiscalía sospecha que el plan regulador fue diseñado para beneficiar intereses privados.
“Informaron que estas irregularidades parecen haber sido elaboradas para servir a los intereses de personas enfocadas en el turismo, los negocios y el desarrollo urbano y comercial. Por consiguiente, esto supuestamente llevó a acciones como la destrucción de humedales, tala ilegal, invasión de la zona marítimo-terrestre y territorios indígenas, así como la aparente alteración del uso de la tierra,” agregaron las autoridades.
El mes pasado, cinco individuos fueron detenidos bajo sospecha de delitos que incluyen prevaricación, influencia contra el Erario Público, cambios de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documentos falsos.
A pesar de estos desarrollos, el presidente Chaves y el Ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, han afirmado en repetidas ocasiones que los permisos fueron otorgados cumpliendo totalmente con la ley.
Las instituciones públicas involucradas se han comprometido a cooperar con las autoridades y reafirmaron su compromiso con la transparencia y la legalidad.
