En una decisión que ha generado amplias críticas, el gobierno nicaragüense ha ordenado a iglesias y organizaciones religiosas pagar impuestos sobre la renta, revocando efectivamente sus exenciones fiscales previas. Esta decisión, anunciada en un comunicado oficial el jueves, se suma al cierre forzado de más de 150 organizaciones no gubernamentales (ONG), intensificando aún más la implacable represión contra la disidencia hacia el régimen del presidente Daniel Ortega.
El decreto, que lleva la firma de Ortega y fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, estipula que estas entidades paguen impuestos que van hasta el 30 por ciento de sus ingresos anuales. Esta medida representa un golpe significativo a la estabilidad financiera de iglesias y organizaciones religiosas, muchas de las cuales están activamente involucradas en esfuerzos educativos, sociales y de asistencia, especialmente para poblaciones vulnerables.
La decisión del gobierno de apuntar a las instituciones religiosas ha sido objeto de condena internacional. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó una “profunda preocupación” por la medida, afirmando que efectivamente “amenaza la libertad religiosa y la libertad de asociación” y llamando a la “garantía y protección de las libertades fundamentales” de los individuos.
El cierre forzado de 151 ONG, predominantemente entidades internacionales y cámaras de comercio, sigue de cerca el cierre previo de aproximadamente 1,500 ONG. La oposición en el exilio ha caracterizado estas acciones como un ataque a la sociedad civil, restringiendo aún más el espacio para la disidencia y las voces independientes en Nicaragua.
Desde que estallaron las protestas contra el régimen de Ortega en 2018, lo que llevó a una violenta represión que la ONU informó que resultó en más de 300 muertes, el gobierno ha encarcelado a cientos de críticos reales y percibidos. El anuncio reciente marca la acción más extensa contra las ONG hasta la fecha, con más de 5,200 organizaciones civiles disueltas desde 2018.
Ortega, quien inicialmente ascendió al poder en Nicaragua como jefe de una junta en 1979, ha consolidado el control sobre todas las ramas del Estado tras recuperar la presidencia en 2007. Su administración enfrenta actualmente sanciones impuestas tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, que han condenado los abusos de derechos humanos del gobierno y la represión de las instituciones democráticas.
A medida que Nicaragua sigue por este camino de represión e intolerancia, la comunidad internacional ha pedido la restauración de las libertades fundamentales y el retorno a los principios democráticos. Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto a medida que el gobierno de Ortega aprieta su control sobre el poder y silencia las voces disidentes, incluyendo aquellas desde dentro de los sectores religioso y de la sociedad civil.
