Una vez más, el patrimonio natural de Costa Rica está bajo amenaza. Vecinos de Samara y grupos ambientales han denunciado que un megaproyecto inmobiliario llamado Vistas de Samara obtuvo la aprobación de viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional (SETENA) en tan solo 12 días.
Para las organizaciones ambientales, el aspecto más preocupante es que se dice que el proyecto inmobiliario afectará áreas de humedales. Residentes locales, preocupados por la destrucción del humedal Lagarto, presentaron una queja ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Sin embargo, la institución ignoró las acusaciones, lo que los llevó a llevar el caso ante la Corte Constitucional.
La Sala Constitucional dio a SINAC hasta 12 meses para intervenir en las obras realizadas en los humedales de Samara. Los jueces consideraron admisible el recurso presentado contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Municipalidad de Nicoya.
“La destrucción ha sido algo irreparable. No queremos este tipo de desarrollo. Estamos hablando de docenas de torres y cientos de casas”, dijo un vecino. El proyecto, que implica la construcción de 37 torres y f casas, se presentó a SETENA el 12 de febrero y para el 28 de febrero había recibido luz verde.
El abogado ambiental Álvaro Sagot cuestionó la rapidez con la que SETENA aprobó la solicitud sin siquiera inspeccionar el sitio. También señaló que la destrucción del humedal está teniendo lugar en la zona marítimo-terrestre. Sagot explicó que, según el principio de irreductibilidad de bosques y manglares, el Estado está obligado a garantizar la restauración ecosistémica si hay daños en estas áreas protegidas.
Vecinos y organizaciones argumentaron que al aprobar estos proyectos, “se están eliminando tales ecosistemas marinos en áreas ecológicamente sensibles y Patrimonio Natural del Estado”.
Este no es el único caso que se está investigando por la destrucción del patrimonio natural. MINAE y SINAC han estado bajo escrutinio público tras un caso de alto perfil que involucra la emisión de permisos de tala en un área protegida en el Refugio Gandoca-Manzanillo.
Este caso es solo un ejemplo de las crecientes preocupaciones sobre la mala gestión ambiental en Costa Rica.
