Dos abogados panameños solicitaron el lunes que la Fiscalía General de Panamá investigue el paradero de $500 millones entregados al estado en 2023 por una empresa minera canadiense que tuvo que cesar operaciones en el país centroamericano debido a una decisión judicial el año pasado.
Los abogados José Antonio Moncada y Heracleo Bustamante presentaron una denuncia penal pidiendo a la fiscalía “iniciar las correspondientes investigaciones para esclarecer el destino de estos $500 millones”.
El dinero fue entregado al estado en 2023 por la empresa minera First Quantum Minerals como regalías e impuestos, y el gobierno anterior del ex presidente Laurentino Cortizo (2019-2023) había declarado que estaba congelado.
La empresa minera tuvo que suspender operaciones luego de una decisión de la Corte Suprema de Panamá que declaró el contrato de concesión “inconstitucional” el 28 de noviembre de 2023. First Quantum había estado operando la mina a cielo abierto más grande de América Central en el Caribe panameño desde 2019.
Días antes de la decisión, la empresa minera anunció el pago de $567 millones en regalías, que fueron congelados en una cuenta del Tesoro Nacional, según el ex presidente Cortizo.
“Es imperativo determinar las responsabilidades penales que correspondan y enjuiciar a quienes sean responsables de este posible desfalco, que representa un perjuicio directo para los activos del estado y el bienestar de la nación”, indica la denuncia.
El actual presidente, José Raúl Mulino, quien sucedió a Cortizo el 1 de julio, dijo el jueves pasado que el dinero minero “ya se ha gastado”. “Los fondos se utilizaron en el gobierno anterior, no en el nuestro”, declaró Mulino.
“Estamos exigiendo respuestas sobre dónde están los fondos pertenecientes a todos los panameños”, dijo el abogado Bustamante. “Pediré a todas las autoridades responsables de administrar justicia que tomen las medidas necesarias. No estoy hablando de ninguna persona en particular”, agregó. La mina producía alrededor de 300,000 toneladas de concentrado de cobre anualmente, lo que representaba el 75% de las exportaciones de Panamá y el 5% de su PIB.
La aprobación por parte del Congreso de Panamá del contrato con First Quantum desató protestas que casi paralizaron el país durante cinco semanas. Las manifestaciones, organizadas por grupos ambientales y laborales, acusaban a la mina de contaminar el medio ambiente.
