Hoy en San José, sindicatos, maestros, partidos políticos, civiles y estudiantes marcharon para defender el presupuesto de educación pública y exigir un aumento para el 2025. La movilización comenzó a las 9 a.m. desde la Universidad de Costa Rica (UCR) en San Pedro y terminó en la Asamblea Legislativa.
La marcha siguió a negociaciones fallidas entre rectores universitarios y representantes del gobierno. El gobierno declaró que no hay suficiente dinero para dar a las universidades el aumento que están demandando.
El presupuesto del 2024 para las universidades, conocido como FEES, fue de ₡576,087 millones, y las universidades solicitaron un aumento del 4.06% para llegar a ₡599,476 millones en el 2025. Sin embargo, el gobierno solo estaba dispuesto a ofrecer un aumento del 1%, alrededor de ₡5,761 millones más en comparación con el 2024, lo cual fue rechazado por las instituciones de educación superior en la última sesión, el pasado viernes 16 de agosto.
A raíz de esta negociación fallida, el gobierno indicó que enviaría el presupuesto de FEES a la Asamblea Legislativa sin ningún aumento, dejando en manos de los diputados decidir la cantidad final para el financiamiento de las universidades públicas.
Nogui Acosta, Ministro de Hacienda, señaló que existe un límite presupuestario determinado por la capacidad de recaudar impuestos y la capacidad de endeudamiento. El Ministro Acosta mencionó que para otorgar el 8% para educación, alrededor de 19 instituciones tendrían que cerrarse para cumplir con este compromiso constitucional.
Según el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Gustavo Gutiérrez, el aumento propuesto por el gobierno del 1% al Fondo Especial de Educación Superior (FEES) del 2025 pondría en espera la operación de las universidades estatales para el próximo año.
Francisco González, rector de la Universidad Nacional (UNA), señaló que los recortes resultaron en una disminución de ₡10.5 mil millones en el 2020 y otros ₡5.5 mil millones en el 2021. Esto los ha obligado a realizar recortes en varias áreas, incluidos salarios.
Las universidades argumentan que el presupuesto reducido implicaría recortes en áreas fundamentales como acción social, investigación, cuotas estudiantiles y becas. Los críticos señalan que estas instituciones tienen salarios desproporcionados y gastos innecesarios que consumen un gran porcentaje del presupuesto.
Ahora, el Congreso debe discutir urgentemente la propuesta y determinar el financiamiento para las universidades, una decisión que tendrá un impacto significativo en la educación superior del país.
