La presidenta hondureña Xiomara Castro anunció el jueves que su decisión sorpresiva de terminar un tratado de extradición con Estados Unidos fue para evitar que se utilizara en un complot contra su gobierno y líderes militares. “Se está tramando un plan en contra de mi gobierno”, dijo Castro, un día después de anunciar el fin del pacto que ha enviado a poderosos traficantes de drogas a cárceles de Estados Unidos.
Castro mencionó que dio ese paso en respuesta a la “interferencia” de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, quien criticó una reunión de altos funcionarios hondureños con el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Dogu declaró a los reporteros que le sorprendió ver al Ministro de Defensa hondureño, José Manuel Zelaya, y al jefe militar, el General Roosevelt Hernández, sentados al lado de un “traficante de drogas” en Venezuela.
“Atacaron al jefe de las fuerzas armadas y a nuestro ministro de defensa, un ataque que no podemos permitir”, dijo Castro en un discurso durante la inauguración de un proyecto de energía eléctrica. “No permitiré que la extradición se utilice para intimidar o chantajear a las fuerzas armadas hondureñas. Estamos defendiendo nuestras fuerzas armadas”, afirmó la líder de izquierda.
El gobierno de Castro es aliado firme de Venezuela, que está bajo presión de Washington y otros países tras la reelección disputada del Presidente Nicolás Maduro en julio. El Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, mencionó que el tratado de extradición se estaba cancelando para evitar que se utilizara como “arma política” en contra del gobierno.
“Podría estar fermentándose un intento de golpe aquí en este momento”, dijo Reina en un programa televisivo. La inteligencia militar detectó después de las declaraciones de la embajadora estadounidense que un grupo de oficiales estaba “conspirando” para remover a Hernández, afirmó. El esposo de Castro, Manuel Zelaya, presidente de 2006 a 2009, fue derrocado en un golpe militar apoyado por los élites empresariales y la derecha política.
El acuerdo de extradición es considerado una herramienta clave para desmantelar el “narcoestado” que, según las autoridades estadounidenses, se construyó en Honduras durante la presidencia de Juan Orlando Hernández de 2014 a 2022. Cincuenta hondureños acusados de tráfico de drogas han sido extraditados a Estados Unidos en la última década, incluido el expresidente Hernández, quien fue condenado en junio en Nueva York a 45 años de prisión.
