**
El Congreso alineado con el régimen de Nicaragua aprobó el martes una ley que otorga a los tribunales nacionales la autoridad para emitir fallos en contra de personas y entidades en el extranjero que se descubra que promueven sanciones contra el gobierno criticado a nivel internacional.
La reforma puede acarrear sentencias de hasta 30 años de prisión por el delito de “socavar la integridad nacional”. Los tribunales en Nicaragua también se ven como leales al régimen del presidente Daniel Ortega, que ha cerrado casi 5.500 ONGs desde que las protestas en su contra en 2018 se encontraron con una represión que la ONU dijo dejó más de 300 personas muertas.
La nación centroamericana ha encarcelado a cientos de críticos, reales y percibidos, en los últimos seis años. Ortega, un ex guerrillero de 78 años, considera las protestas de 2018 como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos y respaldado por la comunidad religiosa.
Su gobierno está bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. La nueva ley se aplica a nicaragüenses y extranjeros, individuos, empresas y ONGs, y prevé la confiscación de activos, aunque no se especificó cómo se llevarían a cabo dichas decisiones en el extranjero.
El gobierno afirma que el objetivo es combatir el “crimen organizado transnacional”. La aprobación de la ley se produjo cuando la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra informó de un aumento en los casos de detenciones arbitrarias, intimidación a opositores del gobierno, maltrato en custodia y ataques contra pueblos indígenas.
“La situación de los derechos humanos en Nicaragua ha empeorado gravemente desde el año pasado”, dijo en un comunicado. Con respecto a la ley, HRW expresó su preocupación de que se pueda utilizar “para presionar e intimidar aún más a ciudadanos exiliados y extranjeros por el legítimo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y otros derechos”.
El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, instó al gobierno a liberar “de inmediato a todos los detenidos de manera arbitraria”, poner fin a la tortura y persecución, y “restablecer el estatus legal previamente disfrutado por las organizaciones de la sociedad civil y los partidos de la oposición”.
El movimiento opositor de Nicaragua, la mayoría de cuyos miembros se encuentran en el exilio en Costa Rica, Estados Unidos y España, dijo que la nueva ley ayudaría a Ortega a extender “su alcance represivo internacionalmente”.
“Permite al régimen enjuiciar a cualquier persona, ya sea en Nicaragua o no, y sin su presencia en el juicio”, para silenciar a opositores “a nivel internacional”, dijo el ex candidato presidencial exiliado Félix Maradiaga.
