Nicaragua revocó la nacionalidad y confiscó los bienes de un nuevo grupo de exdetenidos políticos, un total de 135 personas que, a través de la mediación de Estados Unidos, fueron enviadas a Guatemala la semana pasada, una práctica utilizada anteriormente y rechazada por la ONU. La medida fue anunciada el martes por el poder judicial, acusado de estar al servicio del gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que ha incrementado la represión contra los críticos desde las protestas de 2018, según la ONU.
Un tribunal en Managua ordenó la “pérdida de la nacionalidad nicaragüense para 135 personas, condenadas por actos criminales que amenazaban la Soberanía, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense” y “ordenó la confiscación de todos los activos de los condenados,” según un comunicado.
Con esta decisión, 451 opositores nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad desde principios de 2023, según un recuento basado en datos oficiales. “Ortega y Murillo desnacionalizan y roban activos a los 135 ex prisioneros políticos liberados,” publicó el periodista nicaragüense Emiliano Chamorro, exiliado en Estados Unidos, en la red social X.
Intensifica la persecución
La ONU denunció el martes una ley aprobada por el parlamento nicaragüense, controlado por el gobierno de Ortega, que podría intensificar, en su opinión, la “represión” de los nicaragüenses exiliados, cuyos derechos llamó a “proteger.” El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatió en Ginebra el informe sobre la situación en Nicaragua, presentado por Christian Salazar Volkmann, jefe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Estas reformas podrían ser utilizadas para intensificar aún más la persecución y represión contra el pueblo nicaragüense, incluidos los exiliados, y los extranjeros, por el legítimo ejercicio de sus derechos,” aseguró. La ley para procesar a aquellos que cometen acciones en el extranjero contra el gobierno de Ortega ha sido denunciada por los exiliados como una “herramienta de represión transnacional.”
Contempla sanciones de hasta 30 años de prisión y confiscación de bienes por “crímenes contra la administración pública,” “ciberdelitos” o “crímenes contra el Estado o las instituciones,” entre otros. El gobierno de Ortega ha endurecido la legislación y la represión tras las protestas opositoras de 2018. Desde entonces, se han cerrado alrededor de 5,500 ONG y se han confiscado sus bienes.
Las protestas dejaron más de 300 muertos en tres meses, según la ONU, y desde entonces miles de nicaragüenses se han exiliado y cientos han sido expulsados y se les han confiscado sus bienes. Tras la llegada de los 135 ex detenidos a Guatemala, un enviado de Estados Unidos pidió a Ortega que no les despojara de su nacionalidad nicaragüense, como hizo con otros presos políticos liberados y opositores exiliados.
Uno de estos últimos es la escritora nicaragüense Gioconda Belli, exiliada desde 2023 en España, que, ante el Consejo de Derechos Humanos, exigió el “cese del hostigamiento contra las voces críticas” por parte del gobierno de Ortega. El escritor y ganador del Premio Cervantes, Sergio Ramírez, quien fuera vicepresidente del gobierno sandinista (1985-90) y ahora crítico de Ortega, también fue privado de su nacionalidad.
Intrumento imperialista
En su informe anual sobre la situación en Nicaragua, el Alto Comisionado advirtió la semana pasada del “grave” deterioro de la situación de los derechos humanos bajo el gobierno de Ortega y Murillo. El informe documentó detenciones arbitrarias de opositores, torturas, malos tratos en la detención, aumento de la violencia contra comunidades indígenas, ataques a la libertad religiosa y otros abusos.
En una intervención en video, la Procuradora General de Nicaragua, Wendy Morales, denunció las “injusticias, sesgos e ilegalidades” del documento, realizadas, en su opinión, “con una agenda definida.” Estos instrumentos, utilizados por los “imperialistas” para intervenir en asuntos internos, “violan el principio de no intervención,” estimó Morales, a quien Washington sancionó en marzo “por ser cómplice de la opresión.”
A partir de junio de 2023, 271,740 nicaragüenses fueron registrados como solicitantes de asilo en todo el mundo y 18,545 obtuvieron el estatus de refugiado, según otro informe de febrero del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
