La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley el miércoles que impone penas de cárcel a quienes publiquen comentarios que provoquen “alarma” en las redes sociales, lo que los medios de oposición en el exilio llaman una “ley mordaza”. La ley castiga con penas de tres a cinco años de prisión y multas a aquellos que, dentro o fuera del país, difundan publicaciones en redes sociales que causen “alarma, miedo, pánico o angustia” entre la población, según un comunicado del parlamento, controlado por el gobierno de Daniel Ortega.
Si la publicación se considera que promueve la discriminación, el odio, la violencia o pone en peligro la “estabilidad económica y social, el orden público”, la pena será de cinco a diez años de prisión. La nueva ley fortalece la ley de ciberdelitos de 2020, que condujo a la persecución y arresto de muchos opositores y periodistas en Nicaragua por “difundir noticias falsas”.
La nueva ley “establecería un control total sobre las redes sociales”, afirmó el abogado nicaragüense Salvador Marenco, exiliado en Costa Rica, en un comunicado. “Las redes sociales fueron cruciales para denunciar las graves violaciones de los derechos humanos” en Nicaragua, enfatizó Marenco, añadiendo que la nueva ley amplía la “política de represión transnacional” de Ortega.
Por su parte, el parlamento afirma que la ley “fortalece la prevención, confrontación, investigación y enjuiciamiento de delitos (…) a través de sistemas informáticos, nuevas tecnologías y redes sociales”. El gobierno de Ortega ha intensificado la represión desde las protestas de la oposición de 2018, en parte mediante cambios en la legislación. Desde entonces, ha forzado el cierre de alrededor de 5,500 ONGs y ha confiscado sus activos.
Las protestas de 2018 resultaron en más de 300 muertes en tres meses, según la ONU. Desde entonces, miles de nicaragüenses se han exiliado y cientos han sido expulsados, con la confiscación de sus activos. Esta ley sigue a una reforma del código penal aprobada la semana pasada, que impuso penas de hasta 30 años de cárcel y confiscación de bienes por “crímenes contra el Estado nicaragüense” cometidos por cualquier persona en cualquier lugar del mundo.
El martes, Nicaragua revocó la nacionalidad y confiscó los bienes de 135 ex presos políticos enviados a Guatemala la semana pasada tras una mediación de EE. UU., acusándolos de socavar la soberanía nacional. Con esta decisión, 451 miembros de la oposición nicaragüense han sido privados de su nacionalidad desde el inicio de 2023, según un recuento basado en datos oficiales.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatió un informe sobre la situación en Nicaragua en Ginebra el martes, presentado por Christian Salazar Volkmann, jefe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. El informe criticó la ley aprobada la semana pasada, sugiriendo que podría intensificar la “represión” de los nicaragüenses en el exilio.
La nueva ley entrará en vigor cuando se publique en el periódico oficial, La Gaceta.
Manual de censura
Con la nueva ley de ciberdelitos, Nicaragua alinea su legislación en este aspecto con la de Rusia o China, aliados de Managua, dijo el ex candidato presidencial nicaragüense Félix Maradiaga, exiliado en Estados Unidos, en una entrevista con AFP.
“Al seguir el manual de censura y control totalitario de estos regímenes, Ortega no solo ataca la libertad de expresión en Nicaragua, sino que también consolida su lugar en el creciente club de autócratas que buscan sofocar cualquier forma de disenso”, dijo Maradiaga, quien dirige la Fundación para la Libertad de Nicaragua.
“Ortega está siguiendo estos mismos pasos (…) para criminalizar cualquier crítica que amenace su poder”, añadió el líder opositor.
