La población envejecida de Costa Rica enfrenta una crisis de pensiones.

Costa Rica’s Aging Population Faces Pension Crisis

Un nuevo estudio realizado por la Escuela de Medicina y el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD), ambos pertenecientes a la Universidad de Costa Rica (UCR), reveló que más de 215,000 personas mayores en el país no reciben ningún tipo de pensión. Según el documento, de los 546,225 habitantes mayores de 65 años, solo el 44% está cubierto por un sistema de pensiones contributivas básicas, mientras que el 17% depende de la pensión del Sistema No Contributivo (RNC), que ofrece solo 82,000 colones al mes.

Esto deja a 215,528 personas mayores sin ninguna protección económica formal, lo que podría afectar negativamente su calidad de vida y bienestar. Para el Dr. Fernando Morales, decano de la Facultad de Medicina de la UCR, esta situación podría hacer que el grado de pobreza y pobreza extrema -que actualmente ronda el 28%- se dispare.

“En la actualidad, hay 92,000 personas en el régimen no contributivo con una cantidad de 82,000 colones y esto no alcanza para mucho. Se requiere un compromiso social por parte de las autoridades de turno”, dijo el Dr. Morales. La falta de acceso a una pensión contributiva o no contributiva tiene profundas implicaciones sociales y económicas.

Las personas mayores sin pensión a menudo dependen de sus familiares, redes de apoyo o programas de asistencia social para sobrevivir. Sin embargo, la ayuda no siempre es suficiente y muchos se ven obligados a seguir trabajando en condiciones precarias o a vivir en extrema pobreza.

Si la situación continúa como está, el equipo de investigadores estima que las repercusiones a largo plazo serían desalentadoras. El problema de no contar con una pensión digna no solo se limita a la calidad de vida de las personas mayores, sino que también afecta a la sociedad en su conjunto.

La falta de una red de seguridad económica para este grupo aumenta la carga sobre los sistemas de salud y servicios sociales, lo que agudiza la presión sobre un estado que ya enfrenta desafíos significativos en términos de sostenibilidad fiscal y recursos.

“El envejecimiento de la población está directamente relacionado con una mayor prevalencia de enfermedades y, por lo tanto, con una mayor demanda de servicios de salud. En muchos casos, esta demanda se mantiene durante largos períodos de tiempo, desde el inicio de la enfermedad, pasando por la discapacidad hasta la muerte”, agregó Emiliana Rivera, investigadora en el Observatorio.

El escenario desafiante descrito anteriormente podría agravarse en los próximos años, debido al rápido envejecimiento de la población costarricense, seguido por la alta esperanza de vida, baja tasa de natalidad y, finalmente, la escasez de personas menores de 60 años que actualmente están contribuyendo.

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