El Congreso guatemalteco elegirá a los nuevos jueces de la Corte Suprema a partir de la próxima semana, en un proceso crucial para la lucha contra la corrupción en un país cuyo sistema judicial está “secuestrado por mafias”, según el presidente Bernardo Arévalo. Se han encendido las alarmas debido a acusaciones de interferencia por parte del llamado “Pacto de Corruptos”, una supuesta red de políticos, fiscales, jueces y poderosos empresarios que, desde las sombras, han manipulado el poder en el país durante años.
Aquí están cinco puntos clave sobre este importante proceso:
1. Sistema Deteriorado
Los nuevos 13 miembros de la Corte Suprema y más de 300 jueces de apelación para el período 2024-2029 deben ser elegidos por el parlamento antes del 13 de octubre. “Esta elección tiene que ver con la democracia en Guatemala porque se trata de la independencia judicial”, afirma la abogada mexicana Ana Delgadillo, miembro de un panel internacional de expertos que supervisa el proceso.
El sistema judicial “se ha deteriorado al punto en que ahora sirve a políticos involucrados en redes criminales y de corrupción”, dijo Carmen Aída Ibarra, directora de la ONG ProJusticia. Guatemala ocupa el puesto 30 en el índice de corrupción de Transparencia Internacional de entre 180 países.
Según Arévalo y varias ONGs, la cara más visible del “Pacto de Corruptos” es la Fiscal General Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.
2. Desafío a Arévalo
La elección tiene lugar en medio de los esfuerzos de la Fiscalía General para remover a Arévalo del poder. Varias acciones de la Fiscal Porras contra el presidente socialdemócrata han sido respaldadas por la actual Corte Suprema. Juan Pablo Muñoz, coordinador de la Alianza por las Reformas, señala que el “Pacto de Corruptos” busca “recuperar esa fuente de riqueza, de empleos fantasma, de contratos anómalos.
“Para el gobierno, sería un factor estabilizador si la Corte Suprema de Justicia incluye a individuos que no respalden las tácticas golpistas de Porras”, dice Ibarra.
3. Monitoreo Internacional
El deterioro del sistema judicial empeoró durante los gobiernos de derecha de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024), según Ibarra. La comunidad internacional está observando de cerca este proceso, pero los observadores creen que las “potencias de facto” lucharán por mantener su influencia sobre el poder judicial.
“Lo que estamos viendo es una lucha de estas potencias de facto. Perdieron el Ejecutivo, pero no quieren perder el Judicial”, dijo la ex ministra de Relaciones Exteriores de Chile Antonia Urrejola, también parte del panel de expertos internacionales.
En un informe preliminar publicado la semana pasada, el panel expresó “preocupación” por señales de “negociaciones paralelas de actores económico-políticos corruptos” para favorecer a candidatos vinculados a ellos. Once ONGs internacionales promotoras de transparencia pidieron el viernes la selección de personas “éticas, capaces e independientes” para los tribunales.
4. Candidatos Cuestionables
Entre los candidatos hay funcionarios sancionados por “corrupción” por Washington y la Unión Europea, como el fiscal Rafael Curruchiche, quien ha llevado casos contra Arévalo y críticos de Giammattei. Además, 12 de los 13 actuales jueces de la Corte Suprema, que han fallado consistentemente a favor de Porras, buscan reelección.
El esposo de Porras, Gilberto Porres, también se postula para los tribunales de apelación. “Es inconcebible que candidatos sancionados internacionalmente por sus acciones antidemocráticas y corruptas estén solicitando altos cargos judiciales,” dijo Urrejola.
Ibarra cree que el objetivo de Porras es “colonizar” el sistema judicial para “consolidar” su persecución de enemigos y favorecer a “funcionarios acusados de corrupción de gobiernos anteriores.” Arévalo ha pedido la elección de profesionales comprometidos con la justicia para evitar que el poder judicial siga siendo capturado “por intereses corruptos”.
“Es impactante que candidatos con graves acusaciones de corrupción, acusados internacionalmente de socavar la democracia, continúen en el proceso”, añadieron las ONGs extranjeras.
5. Elección Anterior Estancada
El Congreso, dominado por la oposición, debe seleccionar a los nuevos jueces a partir de listas de candidatos preparadas por una comisión de académicos, jueces y abogados. Alrededor de 20 activistas se manifestaron este viernes en la universidad donde se reúne la comisión, exigiendo que Curruchiche y otros candidatos cuestionados sean excluidos de la lista.
El partido Semilla de Arévalo ha sufrido contratiempos en el Congreso, pero recientemente ha logrado consensos con fuerzas de oposición en algunos temas, incluido el presupuesto. La elección previa de magistrados se estancó en 2019 después de que se revelara que un influyente operador político había manipulado las listas de candidatos.
Como resultado, la Corte Suprema funcionó durante cuatro años, hasta noviembre de 2023, con jueces cuyos mandatos habían expirado.
