Familiares de prisioneros detenidos durante la “guerra” anti-pandillas declarada en 2022 en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, iniciaron una campaña el martes para asegurar visitas a las prisiones, donde hay más de 80,000 presuntos miembros de pandillas. Unas 200 personas, incluida la ama de casa Luisa Hernández, se reunieron en la céntrica Plaza de la Libertad en San Salvador, la capital, donde abogados del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) estaban recibiendo documentos para procesar la liberación de “inocentes”.
Esta ama de casa de 48 años dijo que no ha podido ver a su hija Adriana de 24 años durante 20 meses, quien fue detenida como parte de la “guerra” anti-pandillas de Bukele. “No digo que mi hija sea inocente solo porque la di a luz, es porque tengo documentos que prueban su inocencia”, dijo Hernández.
La “guerra” anti-pandillas, que hasta ahora ha acumulado 82,000 detenciones, ha reducido drásticamente los homicidios en El Salvador, pero los grupos de derechos humanos denuncian la detención de miles de inocentes y abusos en las prisiones, donde las visitas familiares no se permiten desde hace dos años y medio.
La cruzada de Bukele cuenta con un estado de excepción que permite arrestos sin orden judicial.
Dejen hacer el mínimo
Hernández relató que cada mes llevaba a su hija un paquete de alimentos, ropa y papel higiénico a la prisión de Apanteos en Santa Ana, a unos 65 km al oeste de San Salvador, pero este mes no ha podido hacerlo por falta de dinero. “Lo que pedimos al Estado desde aquí es que haga lo mínimo y levante las restricciones a las visitas familiares como lo solicitó la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”, dijo Hernández.
“Somos personas pobres, somos personas de escasos recursos que están pagando por los crímenes que cometieron los criminales, solo por vivir en un vecindario de baja calidad” que estaba controlado por una pandilla, agregó. Samuel Ramírez, de la junta directiva de Movir, dijo que los prisioneros liberados informan que hay “una crisis humanitaria” en las prisiones. Además, “las familias no saben en qué condiciones están: si están muertos, vivos, enfermos, o en qué estado de salud se encuentran”.
No lo he vuelto a ver
Mientras hacía cola en la plaza para ser atendida por los abogados de Movir, Elizabeth Cañas mostró documentos que, dice, respaldan la inocencia de su hijo Josué Alfaro Cañas, de 27 años, capturado el 3 de julio de 2022. “Llevo más de dos años luchando día a día para que me den una respuesta y concedan la libertad a mi hijo. Mi hijo está injustamente en prisión”, dijo la mujer de 44 años.
“Hasta la fecha, no lo he vuelto a ver, no sé nada, y tengo muchos documentos que prueban que mi hijo era un hombre trabajador”, agregó. Además de un certificado que declara a su hijo libre de antecedentes criminales, Cañas muestra a la AFP algunos diplomas de estudios, el estado de contribución al fondo de pensiones y un historial de la empresa donde trabajaba.
Uno a uno, los familiares de los prisioneros llegaron a las mesas instaladas bajo la sombra de los árboles en la plaza, donde un equipo de abogados los atendía. “Estamos dispuestos a colaborar con ellos y ayudarles a completar (un formulario) de documentación importante”, explicó la abogada de 29 años Jaqueline Martínez.
Indicó que los documentos serán entregados al comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán. Según organizaciones humanitarias, el 30% de los detenidos en la “guerra” anti-pandillas son inocentes.
