Costa Rica ha presentado un nuevo proyecto de ley, la “Ley del Régimen Disciplinario del Poder Judicial”, desarrollado en colaboración con los Estados Unidos. Esta ley propuesta regularía la conducta inapropiada de los funcionarios judiciales, incluida la creación de un tribunal dedicado para sancionar las violaciones disciplinarias de estos funcionarios.
El borrador fue elaborado con la colaboración del National Center for State Courts y la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos también contribuyó a la iniciativa.
“Esta iniciativa es fundamental para combatir la corrupción y fortalecer la confianza pública en el sistema de justicia de Costa Rica”, dijo la Embajadora de Estados Unidos, Cynthia Telles.
La Embajadora explicó además que este nuevo código tiene como objetivo crear un sistema de justicia más efectivo, fundamentado en la consolidación de un régimen disciplinario sólido dentro del poder judicial. También garantiza que los mecanismos para aplicar justicia cumplan con los más altos estándares de transparencia y las mejores prácticas internacionales, respetando los derechos de los funcionarios judiciales.
Porfirio Sánchez, uno de los magistrados involucrados en la propuesta, señaló que el borrador introduce reformas en varias áreas clave, incluida la recopilación de pruebas y los procedimientos para investigaciones administrativas.
La regulación propuesta define dos categorías de delitos: menores y graves. Además, consolida 38 violaciones de conducta separadas actualmente dispersas en varias regulaciones en una sola ley.
“La conducta grave podría ser castigada con hasta seis meses de suspensión o despido sin responsabilidad del empleador, mientras que las infracciones menores podrían resultar en suspensiones de hasta tres meses”, explicó Sánchez.
El magistrado Jorge Leiva agregó que la ley en borrador aborda explícitamente principios judiciales clave, incluida la independencia judicial, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, imparcialidad y el derecho a un juicio justo y equitativo en asuntos disciplinarios.
La ley, que debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa, sería la primera ley de este tipo en la región.
