Una organización hondureña exigió protección el miércoles para la familia y colegas del ambientalista Juan López, quien fue asesinado el 14 de septiembre. El activista de 46 años, que lideraba una cruzada contra una mina a cielo abierto, fue tiroteado después de salir de una iglesia católica en Tocoa, a 220 km al noreste de Tegucigalpa, donde también se desempeñaba como concejal, en un acto condenado por la ONU y el Papa Francisco.
“Estamos pidiendo al mecanismo de protección de derechos humanos (…) que brinde protección a la esposa de Juan López, a sus hijos y a sus compañeros que lo apoyaron en su campaña”, dijo Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras.
“Están en peligro”, declaró la activista durante una conferencia de prensa. Leonel George, colega de López en el comité ambiental y también concejal, dijo en una entrevista telefónica que la esposa y las dos hijas de López ya están bajo protección policial, pero otros en su círculo permanecen en riesgo.
“Hay una gran preocupación porque con la detención [de cuatro sospechosos en el crimen] y los procedimientos legales en curso, el riesgo aumenta para aquellos de nosotros que trabajamos para exigir justicia”, dijo George. Cuatro presuntos autores del crimen fueron arrestados en los últimos días, pero organizaciones sociales dicen que los autores intelectuales del crimen aún no han sido arrestados.
López era un firme oponente a la minería a cielo abierto y había denunciado el daño a una reserva forestal y a los ríos en el área de Tocoa. En noviembre de 2021, López habló en una entrevista sobre los riesgos que enfrentan los ambientalistas en Honduras. “Cuando te involucras en la defensa de los recursos públicos en este país […] te enfrentas con intereses poderosos”, dijo.
El asesinato de López evoca el caso de la renombrada ambientalista hondureña Berta Cáceres, que fue asesinada en 2016 en uno de los países más peligrosos para los activistas ambientales, según la ONG Global Witness.
