El gobierno de Costa Rica anunció una propuesta para explotar la minería de oro a cielo abierto en Crucitas, San Carlos. La propuesta se basa en un proceso de “subasta ascendente”, comenzando desde una tarifa mínima por onza de oro, para maximizar los rendimientos económicos para el país. Según la Asociación de Geólogos, el oro del sitio tendría un valor entre $2.6 mil millones y $3 mil millones.
Sin embargo, las organizaciones ambientales expresaron su total oposición y planes para bloquear la propuesta. Señalaron que los bosques, el agua, la biodiversidad y los servicios ambientales son invaluables, y están dispuestos a luchar para protegerlos.
“Hago un llamado a los diputados para mantener la coherencia de ser un país que ha elegido una imagen y un modelo de desarrollo sostenible, donde la extracción no tiene cabida. Permitir la mina de Crucitas es regresar a la época de las cavernas, especialmente cuando todos tenemos claro que la verdadera riqueza de un país no es su oro ni petróleo, sino su diversidad biológica”, dijo Fabián Pacheco del Movimiento Ecologista.
Edgardo Araya, abogado ambiental que anuló la minería en un tribunal en 2010 y que se opone a la propuesta actual del gobierno, dijo que la minería nunca puede ser una actividad sostenible.
“Como en todas las actividades extractivas, insostenibles por definición, la minería será rentable siempre y cuando ‘otros’ paguen los costos sociales y ambientales de la extracción de oro. Si se exigiera a la empresa minera que dejara las cosas como estaban antes de la extracción y asumiera todos los costos sociales y ambientales, esos $3 mil millones ni siquiera serían suficientes para empezar”, afirmó.
Los ambientalistas señalan que es perfectamente posible desarrollar el área de Cutris en San Carlos, donde se encuentra la mina, sin generar más daño del que ya existe.
“Existen diversos planes de acción que pueden implementarse. Hay propuestas muy concretas que se discutieron en gobiernos anteriores para remediar la situación en Crucitas, para desarrollar el área a través de cadenas productivas, generando desarrollo local y cuidando la naturaleza”, comentó Henry Picado de FECON.
Los defensores ambientales insisten en que el primer paso debería ser establecer un centro de comando en el área para servir como núcleo de operaciones de seguridad en todo el corredor Tablillas-Crucitas, así como para iniciar el proceso de limpieza ordenado por la Corte Constitucional para la eliminación del mercurio.
Posteriormente, proponen desarrollar el turismo comunitario rural y proyectos de experiencia con la comunidad y el ICT, utilizando la finca para cursos e investigaciones, y para la futura creación del Centro de Investigación y Desarrollo en Producción Sostenible, además del cultivo y comercialización de raicilla de ipecacuana.
