La Asamblea Nacional de Nicaragua reformó las normas relacionadas con un ambicioso proyecto de canal interoceánico iniciado hace 12 años y derogó otra ley que otorgaba su construcción y gestión a un empresario chino.
La Ley derogada 840 había otorgado, en 2013, la planificación, construcción y gestión de un canal interoceánico, que competiría con el Canal de Panamá, al grupo chino Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKND Group), propiedad del empresario chino Wang Jing, por un plazo renovable de 50 años.
En diciembre de 2014, el gobierno y el empresario chino celebraron un evento para marcar el inicio de la construcción del canal, pero los trabajos nunca progresaron.
La reforma, propuesta por el presidente Daniel Ortega, fue aprobada por unanimidad por la Asamblea, dominada por el partido gobernante, para “fortalecer y actualizar el sistema legal nacional, teniendo en cuenta el entorno nacional e internacional en constante cambio”, dijo la vicepresidenta de la Asamblea, Raquel Dixon.
El proyecto prevé un canal de aproximadamente 278 kilómetros de longitud, con entradas en el Río Brito en la costa del Pacífico y cerca de la desembocadura del Río Punta Gorda, en el Caribe. La ruta cruzaría el Lago de Nicaragua, el más grande de América Central. El Canal de Panamá, que maneja el 6% del comercio marítimo global, tiene solo 80 km de longitud.
El proyecto de construcción del canal nicaragüense, valorado en unos $50 mil millones, ha sido recibido con escepticismo sobre su viabilidad y dudas sobre quién financiaría la obra, el daño que podría causar al Lago de Nicaragua y cuánta tierra se necesitaría expropiar.
“Es necesario adaptar algunas leyes para enfrentar estos cambios y mantener una gestión óptima dentro del Estado de Nicaragua”, dijo Dixon al leer el proyecto de ley enviado por Ortega al Congreso.
“Entre estos cambios, es necesario adaptar la Ley 800, Ley del Régimen Legal del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y la Creación de la Autoridad del Gran Canal. Como parte de la reforma, los diputados también derogaron la Ley 840 de 2013”
La Autoridad del Canal estaría formada por una junta directiva de seis miembros, pero tras la reforma, será presidida por un presidente, un vicepresidente y un secretario, todos funcionarios gubernamentales, explicó el Diputado Wilfredo Navarro.
“La Dirección de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua está autorizada a coordinar con las autoridades competentes del Gobierno de Nicaragua todo lo relacionado con la planificación y operación del Gran Canal de Nicaragua”, indica la nueva ley.
