Amnistía Internacional (AI) calificó este jueves como “alarmante” la persecución sufrida por las operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala que luchan contra la impunidad y la corrupción. Para Ana Piquer, directora de AI para las Américas, el Ministerio Público local (MP, Fiscalía) y el Organismo Judicial (OJ) “han implementado una estrategia perversa de persecución penal infundada e intimidación” contra este grupo.
Con este plan, “dan rienda suelta, con total indiferencia e impunidad, a la discriminación y la violencia de género contra las mujeres”, lamentó Piquer en un comunicado.
Varios abogados que trabajaron con la fiscalía, los tribunales y una comisión de la ONU contra la impunidad y la corrupción en el país fueron perseguidos y encarcelados en los últimos años.
Unos 30 operadores de justicia y periodistas viven en el exilio después de la caza judicial liderada por la polémica Fiscal General, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla “corrupta”, y a quien el actual presidente Bernardo Arévalo busca destituir pero carece de la autoridad legal.
Piquer afirmó que “el patrón de acoso continuo a través del abuso del sistema penal para reprimir y desmantelar la lucha contra la corrupción y la impunidad incorpora varias formas de discriminación y violencia de género que exponen a las mujeres criminalizadas a un castigo doble”.
La persecución se realiza a través “de cargos infundados presentados en procesos penales sin las garantías de un juicio justo”, lamentó. “Estas acciones constituyen un patrón de criminalización y acoso que, a su vez, constituyen violaciones de derechos humanos atribuibles al MP y al OJ”, mantuvo.
Según el comunicado, el informe se basó en entrevistas y el análisis de una docena de casos, exponiendo las características de este patrón y los impactos de estas prácticas ilegítimas según el derecho internacional.
El informe detalla las historias de una exjueza exiliada, la exfiscal y prisionera de conciencia Virginia Laparra, dos exfiscales adjuntas y la representante legal de la disuelta comisión de la ONU, en prisión.
“Todas sometidas a procesos injustos solo por haber desempeñado funciones legítimas dentro del sistema de justicia penal”, afirma. “En lugar de ser protegidas, estas mujeres están expuestas a un castigo adicional solo por haberse atrevido a enfrentar la impunidad y los roles de género tradicionalmente establecidos”, señaló Piquer.
