Las autoridades costarricenses emitieron una advertencia sobre la grave amenaza que enfrentan los bosques del país. Alejandro Alpízar, el Fiscal Ambiental, ha destacado las preocupantes actividades de grupos criminales que se dedican a la explotación ilegal de madera y tala para despejar terrenos con fines comerciales.
“Ya podemos encontrar a estas organizaciones criminales participando en este tipo de actividades porque enfrentan muy bajo riesgo en términos de detección y enjuiciamiento. La mayoría de las sanciones ambientales en este país no superan los tres años”, declaró Alpízar.
La naturaleza lucrativa de estas actividades ilegales, combinada con las leyes ambientales relativamente suaves de Costa Rica, crea una oportunidad atractiva para los criminales. Alpízar destacó la necesidad urgente de una revisión integral de la legislación ambiental del país para abordar este problema de manera efectiva.
“Costa Rica ya va rezagada. Necesita una revisión de su legislación ambiental, ya que es innegable que los activos ambientales son ahora un objetivo principal para las organizaciones criminales”, agregó.
Alpízar aboga por un marco legal sólido que exige que las personas responsables de delitos ambientales restauren el ambiente dañado. Esta reforma es crucial ya que los bosques siguen sufriendo las consecuencias de la tala ilegal, lo que plantea numerosos riesgos para el ecosistema.
El fiscal señaló que los criminales apuntan principalmente a maderas valiosas como el cocobolo y el almendro amarillo, que tienen una gran demanda en los mercados asiáticos. La situación es particularmente grave en varias regiones. En el Caribe, los bosques están siendo talados para dar paso a alojamientos turísticos. Mientras tanto, en la Zona Norte y Guanacaste, se enfrentan a la expansión de tierras agrícolas. En la región de Los Santos se ha observado un aumento en la deforestación para la plantación de café, exacerbada por el cambio climático.
Para 2023, se reportaron 2.355 casos de delitos ambientales, con 574 relacionados con la tala ilegal. La Fiscalía Ambiental sugiere que el número real de casos puede ser mayor, ya que muchos incidentes no se denuncian. Además, un creciente temor entre los testigos de testificar en los tribunales complica los esfuerzos para abordar estos crímenes.
Las autoridades están profundamente preocupadas por el daño ambiental potencial, la pérdida de turismo y las implicaciones más amplias para la imagen de Costa Rica. Instan al público a denunciar cualquier delito ambiental para ayudar a combatir esta creciente amenaza.
