El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el Informe sobre Trata de Personas 2024. Costa Rica fue ubicada en la categoría Nivel 2, lo que significa que no está en pleno cumplimiento de los estándares mínimos para eliminar la trata de personas, pero está haciendo “esfuerzos significativos” para cumplir con esos estándares.
“Alrededor del mundo, se estima que 27 millones de personas son explotadas en trabajo, servicios y sexo comercial. A través de la fuerza, el engaño y la coerción, son obligadas a trabajar en campos y fábricas, en restaurantes y residencias. Los traficantes se aprovechan de algunas de las personas más marginadas y vulnerables del mundo, lucrando con su situación”, afirmó Antony Blinken, Secretario de Estado.
El Informe anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado ofrece información detallada y una evaluación exhaustiva de este crimen. Mide el progreso en 188 países y proporciona información sobre los esfuerzos de los gobiernos y las partes interesadas para combatir este problema. “Estamos avanzando en el compromiso del Presidente Biden de prevenir la trata, enjuiciar a los culpables y proteger a los sobrevivientes”, agregó Blinken.
En comparación con el período de informe anterior, el gobierno costarricense aumentó sus esfuerzos generales, lo que le permitió mantener su posición. Según el informe, el gobierno asignó recursos para programas de prevención por primera vez en tres años, procesó a más sospechosos de trata, condenó a más traficantes y brindó servicios a todas las víctimas identificadas.
No obstante, el Departamento de Estado de los Estados Unidos mencionó que la financiación para los esfuerzos contra la trata sigue siendo insuficiente y la burocracia sigue siendo un problema, especialmente al intentar acceder a fondos.
Según el documento, solo se identificó a una víctima masculina de trata, y las opciones de refugio y servicios para víctimas masculinas adultas son insuficientes.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos recomendó aumentar la identificación y remisión de víctimas, aumentar la financiación para servicios especializados y mejorar la capacitación de los fiscales locales, intensificar los esfuerzos para investigar y enjuiciar delitos de trata, reducir los obstáculos burocráticos para la asignación de fondos y mejorar la recopilación de datos sobre los esfuerzos judiciales y de protección a las víctimas.
