Ley propuesta Jaguar amenaza estabilidad económica de Costa Rica

Proposed Jaguar Law Threatens Costa Rican Economic Stability

El Banco de América advirtió sobre las amenazas planteadas por la llamada “Ley Jaguar” propuesta por el presidente Rodrigo Chaves. Un informe emitido por BofA Securities en febrero de 2024 utilizó por primera vez el término “jaguar” para describir el crecimiento de la economía costarricense basado en la actividad de la Zona Franca y el modelo de exportación.

Chaves presentó un proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa, llamado “Ley Jaguar para Promover el Desarrollo de Costa Rica”.

La consulta se centra en varios temas clave, incluyendo la reforma de la Ley de la Contraloría, la aprobación de la construcción de la Ciudad Gubernamental y la expansión de los poderes de Japdeva.

En el informe “LatAm al detalle. Informe de mediados de año”, la división BofA Securities destacó que el presidente Chaves presentó un proyecto que podría debilitar el papel del Contralor General de la República (CGR) y afectar los controles y equilibrios en el sistema político.

El Banco de América resaltó que una de las cuestiones sería si los ciudadanos están de acuerdo o en desacuerdo con la eliminación del poder de la Contraloría para revisar la legalidad de los contratos de adquisición pública antes de su ejecución. Este cambio significa que la Contraloría solo estaría facultada para inspeccionar los gastos una vez que se hayan realizado.

Actualmente, la Contraloría puede suspender contratos y acciones cuando detecta actividades sospechosas, pero si el referéndum avanza, necesitará una orden judicial para hacerlo, explicó la entidad.

“Creemos que la economía costarricense se beneficia de fuertes controles y equilibrios. Este también es uno de los atributos que hace que Costa Rica sea claramente diferente de sus pares latinoamericanos”, agregó el banco.

El presidente Rodrigo Chaves negó que la “Ley Jaguar” debilite las herramientas de la Contraloría para supervisar contratos públicos o que limite los controles previos dados a dicha institución pública. Sin embargo, la Contralora Marta Acosta señaló que el proyecto de ley “evade el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de recursos que pertenecen a todos los costarricenses”.

El informe también concluyó que Costa Rica tiene sólidas perspectivas de crecimiento económico y un impresionante historial de consolidación fiscal que ha llevado al gobierno a recibir múltiples calificaciones favorables de las agencias de calificación en los últimos años.

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