El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha anunciado la detención de un grupo de individuos relacionados con la adquisición irregular de 300 propiedades y el lavado de dinero. Se descubrió que, como parte del plan para legitimar el dinero, crearon varios negocios como servicios de autobuses y tiendas outlet.
En una operación realizada este martes, las autoridades llevaron a cabo 47 allanamientos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas, confiscando 38 vehículos y 13 autobuses de Alajuela y Puntarenas. Según el OIJ, hay 54 personas bajo investigación.
Conocido como el caso “Madre Patria”, la investigación había estado en curso durante dos años y medio. El director del OIJ, Randall Zúñiga, ha calificado la operación como “crimen organizado” debido a la compleja estructura de los implicados.
Se ha identificado a dos españoles como los coordinadores del esquema. Además, el OIJ reveló la participación de 12 notarios en los trámites registrales, 5 policías de tránsito, un juez de Desamparados que ofreció asesoramiento legal, un técnico de la Defensoría del Pueblo, un técnico archivista y un funcionario judicial en La Unión.
“Estas personas obtienen propiedades que posiblemente estén en desuso. Presuntamente los eliminan del registro para luego venderlos a terceros”, comentó Zúñiga.
En el marco de la investigación, también se está analizando la participación del grupo en el mercado de criptomonedas. “En un solo día, para dar una idea de la magnitud del dinero que maneja esta organización, negociaron $13 millones en Bitcoins”, informó Zúñiga. El OIJ estaba investigando posibles delitos de fraude registral, lavado de dinero y falsificación de documentos.
Uno de los españoles detenidos en San Rafael de Heredia, presunto líder, llevaba un estilo de vida lujoso. En su propiedad, allanada el martes, tenía una piscina y cinco autos de lujo. Además, se incautó una colección de relojes finos y cuatro cajas fuertes con joyas.
“Este español es uno de los principales líderes de la estructura criminal que estamos desmantelando hoy. Son dos españoles que han vivido en el país durante 10 años. Según la investigación, la propiedad allanada, donde uno de ellos reside, proviene de un fraude registral”, afirmó Michael Soto, subdirector del OIJ.
