Una mujer falleció trágicamente después de un aparente incidente de golpe y fuga en el barrio 15 de Setiembre en Hatillo, San José. Así lo descubrieron dos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes encontraron el cuerpo de la mujer en la vía pública.
Los agentes se comunicaron rápidamente con la Cruz Roja, y al llegar, el personal de la Cruz Roja determinó que la mujer no tenía signos vitales y la declararon muerta en el lugar. Las primeras investigaciones sugieren que fue atropellada por un vehículo y el conductor se dio a la fuga.
Este incidente ha puesto de manifiesto las implicaciones legales de los golpes y fugas en Costa Rica. Un golpe y fuga es un accidente automovilístico en el que un conductor abandona la escena del accidente en lugar de detenerse para prestar ayuda o proporcionar detalles de contacto con los demás involucrados.
En los EE. UU., una persona condenada por un accidente de golpe y fuga puede enfrentar multas, penas de cárcel, suspensión de la licencia y otros cargos penales, según el estado. Sin embargo, en Costa Rica la situación es diferente.
William Anderson, abogado y ex oficial de tránsito, habló sobre las implicaciones legales para quienes huyen después de causar un homicidio involuntario. “En casos de homicidio involuntario, el culpable no está legalmente obligado a permanecer en el lugar. Costa Rica es uno de los pocos países del mundo donde esto es así”, mencionó.
Anderson también señaló que si no se identifica al responsable, no hay nadie a quien responsabilizar, ni siquiera el sistema. “El Tribunal Constitucional ha afirmado incluso que una persona involucrada en un atropello mortal o un accidente mortal no tiene que quedarse en el lugar, ya que sería autoincriminación.“, agregó.
La Sala Constitucional determinó que sancionar a alguien por abandonar el lugar de un accidente de tránsito era inconstitucional. La Sala consideró que esto era válido en virtud del principio de la defensa.
El Código Penal contenía una sanción para los casos de golpe y fuga. Sin embargo, el cambio de criterio por parte de la Sala llevó a la eliminación de la sanción, reduciéndola de 6 meses a 2 años. Sin embargo, en estos casos se debe iniciar un proceso legal.
