Un grupo de expertos de las Naciones Unidas criticó los “ataques sistemáticos” del gobierno nicaragüense contra cristianos en un informe de esta semana. Tras otro informe publicado en marzo, el grupo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (HRC) describió el lunes “violaciones y abusos sistemáticos y generalizados de la ley internacional de derechos humanos” documentados contra clérigos.
Entre enero y marzo de 2024, los expertos registraron “63 nuevas cancelaciones del estatuto legal de organizaciones sin fines de lucro”, incluidas 23 de carácter religioso. A principios de julio, el gobierno anuló el estatus legal y confiscó la propiedad de la emisora católica Radio María, así como de otras ONG, argumentando que no había informado sobre su fuente de ingresos.
El presidente Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, afirman que la iglesia apoyó las protestas antigubernamentales en 2018 que la pareja aseguró que era un intento de golpe respaldado por Washington. Según la ONU, más de 300 personas murieron durante las manifestaciones.
Murillo ha descrito a las personas religiosas como “hijos del diablo” o “agentes del mal” que llevan a cabo “terrorismo espiritual”. Desde abril de 2018 hasta marzo de este año, los expertos de la ONU documentaron “73 casos de detenciones arbitrarias de miembros de la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas”.
“La cifra total podría ser mayor”, dijeron los expertos. Incluyen sacerdotes, pastores, miembros de iglesias evangélicas, seminaristas, feligreses, así como personas laicas que realizan trabajos periodísticos o artísticos en organizaciones religiosas, indicaron en la actualización del informe.
Los expertos señalan que las detenciones y la privación de libertad constituyen “crímenes de lesa humanidad”, al describir como “tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes” la expulsión de nicaragüenses críticos o la revocación “arbitraria” de la nacionalidad.
A finales de 2023, unos 30 clérigos fueron encarcelados y luego enviados al Vaticano. Los expertos de la ONU afirmaron que tanto Ortega como Murillo tienen “responsabilidad penal individual” por utilizar el Estado para “reprimir sistemáticamente” a personas religiosas.
