La Sala Constitucional ha declarado inconstitucional la Ley del Jaguar, propuesta por el Presidente Rodrigo Chaves y su administración. El proyecto buscaba convocar un referéndum, permitiendo a los costarricenses decidir sobre varios temas clave. La Sala identificó defectos inconstitucionales en todos los artículos revisados, específicamente en los artículos 2, 3, 4 y 5. Estos defectos se refieren al impacto del proyecto de ley en las facultades constitucionales de la Contraloría General de la República.
“Asimismo, la Sala Constitucional considera que en este caso, también se eliminan importantes herramientas para que la Contraloría pueda ejercer sus funciones constitucionales”, dijo Fernando Castillo, presidente de la Sala.
La propuesta del gobierno pretendía reformar la Contraloría General de la República eliminando la supervisión de la legalidad de los controles y la eficiencia en la gestión de los fondos públicos. Por consiguiente, la mayoría de la Sala consideró que tal propuesta era completamente inconstitucional. Los jueces Castillo, Salazar y Garro argumentaron que la inconstitucionalidad surgió al eliminar la autoridad para garantizar la eficiencia en la gestión de los fondos públicos.
La reforma también sugería modificar el Artículo 12 de la ley que rige la Contraloría General para limitar su capacidad de auditoría. La administración actual ha anunciado la presentación de una versión revisada de la ley ante el Congreso. Chaves afirmó que los puntos inconstitucionales identificados por la Corte Constitucional ya han sido abordados y que los jueces “dieron la receta” para hacer los cambios necesarios.
“El pueblo de Costa Rica triunfó porque los magistrados reconocieron que el punto fundamental del debate es que la Contraloría General y sus jerarcas han co-gobernado; han estado involucrados en la administración activa del Gobierno de manera inconstitucional desde 1994; la Sala lo dice de manera cristalina”, dijo el Presidente durante una conferencia de prensa.
Mientras tanto, Laura Fernández, Ministra de la Presidencia, afirmó que no debería haber obstáculos para convocar un referéndum desde la Asamblea Legislativa. “La Asamblea Legislativa, con este nuevo texto completamente ajustado y químicamente puro, no tiene ningún obstáculo que impida su avance. No tiene sentido hacer nuevas consultas de constitucionalidad; no debería haber más retrasos porque la Sala fue clara”, afirmó.
