Las playas de Costa Rica, conocidas por su belleza natural, están siendo cada vez más utilizadas como lugares para raves ilegales, generando gran preocupación entre los residentes locales y los ambientalistas. Estos “raves en la jungla”, que tienen lugar en Santa Teresa, Manzanillo, Bello Horizonte y Santiago, prometen a los asistentes una experiencia inmersiva en la naturaleza pero tienen un alto costo para el medio ambiente y las comunidades locales. La Cámara de Turismo y Comercio de la Zona Azul (CATUZCA), que representa áreas como Malpaís, Santa Teresa y Playa Hermosa, reportó 22 quejas relacionadas con estos raves entre noviembre de 2023 y mayo de 2024.
Los residentes están frustrados por la contaminación acústica que generan estos eventos, con música a todo volumen desde las 11 p.m. hasta las 8 o 9 a.m. del día siguiente. Un residente señaló que aunque el rave estaba a un kilómetro de distancia, el sonido era tan fuerte que parecía estar justo al lado de su casa. Los asistentes a menudo se dispersan por la playa después de que termina el rave oficial, continuando sus festividades hasta altas horas de la mañana, para desagrado de quienes viven cerca.
Estos raves no son reuniones pequeñas; algunos llegan a atraer a hasta 600 personas, convirtiéndolos en eventos masivos y no regulados. A pesar de su tamaño, estas reuniones carecen de los permisos necesarios, incluidas licencias sanitarias y equipos médicos de emergencia, y no implementan medidas de seguridad para los asistentes. Esto ha llevado a tensiones crecientes entre los organizadores y las autoridades locales.
El alcalde de Cóbano, Ronny Montero, señaló que los propietarios de las propiedades que albergan estos raves pueden ganar entre $6,000 y $7,000 por noche, convirtiéndolo en un negocio lucrativo. Sin embargo, esta ganancia económica se realiza a expensas de la comunidad y el medio ambiente. Algunos organizadores incluso ofrecen pagar multas potenciales por adelantado para garantizar que sus eventos se desarrollen sin interrupciones.
El impacto ambiental de estos raves es particularmente preocupante. La música alta y las multitudes perturban a la fauna local, obligando a los animales a salir de sus hábitats naturales y adentrarse en áreas pobladas, donde enfrentan mayores riesgos por parte de mascotas, tráfico y actividad humana. La falta de una planificación adecuada o de consultas con especialistas en vida silvestre agrava la situación, pudiendo llevar a un daño a largo plazo en el ecosistema local.
A pesar del creciente número de quejas, la Municipalidad de Cóbano ha tenido dificultades para imponer multas o tomar acciones significativas contra los organizadores. Sin embargo, en respuesta a las crecientes preocupaciones, la municipalidad está preparando su primera denuncia judicial, que se presentará a la Fiscalía en un esfuerzo por frenar estas actividades ilegales y proteger a la comunidad y al medio ambiente.
La situación actual resalta la necesidad de regulaciones más estrictas y su aplicación para evitar que eventos como estos continúen perturbando la paz y armonía de las hermosas regiones costeras de Costa Rica. La comunidad local, junto con las empresas formales y los organismos gubernamentales, están solicitando acciones inmediatas para abordar esta problemática urgente.
