Nicaragua cerró el lunes 1,500 ONG, alcanzando más de 5,000 el número de entidades canceladas en una represión contra opositores del Presidente Daniel Ortega.
El gobierno ha encarcelado a cientos de críticos, reales y percibidos, desde las protestas contra su régimen en 2018 que fueron respondidas con represión y dejaron más de 300 muertos, según la ONU. El anuncio del lunes fue el mayor ataque hasta la fecha contra las ONG, elevando el total a más de 5,100.
Las acusaciones contra el último grupo de entidades, en su mayoría religiosas, es que no declararon sus ingresos, según un aviso del gobierno. Sus activos serán confiscados. El gobierno de Ortega considera las protestas de 2018 un intento de golpe de estado promovido por Estados Unidos y respaldado por la comunidad religiosa. La semana pasada, aprobó una regulación que exige a las ONG trabajar exclusivamente en “alianzas de colaboración” con entidades estatales.
La Cruz Roja Nicaragüense y varias organizaciones católicas se encuentran entre las ONG cerradas hasta la fecha, muchas de las cuales han sido acusadas de cargos desestimados como infundados. Otros objetivos han incluido clubes rotarios y de ajedrez, asociaciones deportivas y agrupaciones de pequeños comerciantes, personas rurales y pensionistas, así como estaciones de radio católicas y universidades.
La esposa y vicepresidenta de Ortega, Rosario Murillo, ha descrito a las personas religiosas como “hijos del diablo” o “agentes del mal” que llevan a cabo “terrorismo espiritual”.
Represión persistente
El mes pasado, un grupo de expertos de las Naciones Unidas condenó “abusos sistemáticos y generalizados de la ley internacional de derechos humanos” en el país centroamericano.
A finales de 2023, unos 30 clérigos fueron encarcelados y posteriormente expulsados del país y enviados al Vaticano. También el año pasado, el gobierno expulsó a más de 300 políticos, periodistas, intelectuales y activistas, acusándolos de traición.
Al menos 263 periodistas han sido obligados a abandonar Nicaragua desde la represión, según un organismo de libertad de prensa en julio. Ortega se convirtió en líder de Nicaragua por primera vez como jefe de una junta en 1979, después de luchar como guerrillero en el movimiento sandinista que derrocó la dictadura respaldada por EE. UU. de la familia Somoza. Más tarde fue elegido como presidente del país en 1985.
Derrotado en las elecciones de 1990, regresó al poder en 2007 y desde entonces ha eliminado los límites a los mandatos presidenciales y ha tomado el control de todos los poderes del Estado. Su régimen está bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a poner fin a la “represión” en Nicaragua y a la liberación inmediata de los detenidos.
En un comunicado, expresó preocupación “por la represión persistente en Nicaragua, caracterizada por la persecución religiosa, la continuación de detenciones arbitrarias y las graves condiciones en las que permanecen aquellos en prisión”.
Uno de los raros aliados de Nicaragua, Venezuela, aprobó la semana pasada una ley contra las ONG que, según críticos, se utilizará para reprimir a disidentes del presidente Nicolás Maduro, quien ha afirmado una victoria electoral ampliamente disputada en el país y en el extranjero.
