La concesión de permisos de tala en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo ha involucrado una extensa investigación por parte de las autoridades judiciales. Luis Diego Hernández, el fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta de Medio Ambiente, cree que el caso gira en torno a beneficiar intereses privados en un área protegida.
Además, considera que representa una articulación de una serie de acciones realizadas por jerarcas institucionales en detrimento del Refugio de Vida Silvestre. “Existe criminalidad ambiental respaldada por un fenómeno de corrupción”, afirmó Hernández con énfasis.
El caso de corrupción involucra al alcalde de Talamanca, Rugeli Morales, directores del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) e Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
“Es impactante cómo SINAC, que debería proteger el medio ambiente, se ha visto involucrado en promover un negocio inmobiliario con ganancias exorbitantes en detrimento de los límites del refugio Gandoca-Manzanillo”, agregó Hernández.
El fiscal coordinador también mencionó que un poderoso grupo económico formó una asociación con funcionarios públicos para reducir los límites del refugio y extraer el patrimonio natural del Estado para incorporarlo en el mercado.
“En este negocio, hay nombres que aparecen como propietarios en toda esta área que ha sido extraída del refugio. Actualmente se están investigando informes falsos de cobertura de tierras y uso de tierras, que han sido necesarios para dejar de aplicar la legislación ambiental, desprotegerlas y cambiar el uso”, detalló.
Según el fiscal, esto es parte de un aparato de “delitos de cuello blanco dirigidos a enriquecer a unas pocas familias en el Valle Central”.
Mientras tanto, el presidente Rodrigo Chaves cuestionó las 26 redadas realizadas el martes por la Fiscalía General y la Agencia de Investigación Judicial (OIJ), que tenían como objetivo recopilar evidencia de presuntas irregularidades en la concesión de permisos de construcción en el refugio.
En una conferencia de prensa, el presidente cuestionó la legitimidad de las acciones. También defendió al empresario Allan Pacheco Dent, quien fue detenido temporalmente en julio por presuntamente obtener permisos irregulares para talar árboles en el refugio.
