El Congreso de Costa Rica ha aprobado, en su primera discusión, un importante proyecto de ley dirigido a perseguir el enriquecimiento ilícito, conocido comúnmente como “capitales emergentes”.
Presentado por el gobierno del presidente Carlos Alvarado, el proyecto de ley otorgaría al Ministerio Público la facultad de congelar activos cuando se detecte un aumento de la riqueza sin una fuente lícita clara.
La legislación no establece un monto mínimo para lo que constituye un aumento no justificado de activos, lo que da a las autoridades poder discrecional. Sin una cantidad definida, los delincuentes podrían evadir la ley distribuyendo recursos entre varios individuos, aprovechando esta posible laguna legal.
Esta propuesta, que ha sido ampliamente respaldada, forma parte de las prioridades legislativas apoyadas tanto por el presidente Rodrigo Chaves como por el Poder Judicial. Argumentan que el proyecto de ley facilitará la persecución del crimen organizado y perturbará sus actividades.
Sin embargo, el proyecto de ley ha enfrentado oposición de algunos partidos políticos, en particular del Partido Liberal Progresista (PLP), que lo considera peligroso. El PLP critica el proyecto de ley por trasladar la carga de la prueba a los acusados, argumentando que esto podría llevar a resultados injustos.
“El proyecto de ley permite al Ministerio Público congelar activos sin necesidad de una denuncia previa contra el sospechoso. En lugar de que las autoridades demuestren el origen ilícito de los activos, los acusados deben demostrar su origen lícito”, explicó Feinzaig, representante del PLP.
Feinzaig expresó su preocupación de que en un país con una alta informalidad como Costa Rica, tales disposiciones podrían afectar injustamente a personas con aumentos en sus activos, como alguien que compra un artículo grande como un televisor de pantalla plana de 70 pulgadas. Esto podría plantear riesgos significativos tanto para los ciudadanos como para los empresarios.
Según explicó el congresista, el proyecto de ley permite al Ministerio Público actuar sin denuncia, con el objetivo de evitar que presuntos delincuentes oculten sus bienes.
“Si compras un vehículo y te piden demostrar su origen legal estando en el sector informal, podrías enfrentar serios desafíos”, advirtió el congresista.
