La fiscalía nicaragüense anunció el viernes que ocho funcionarios del gobierno han sido arrestados y enfrentarán cargos de “fraude” y “peculado de fondos públicos.” Sin embargo, grupos de oposición argumentan que estos arrestos tienen motivaciones políticas, apuntando a miembros sandinistas críticos de la administración del Presidente Daniel Ortega.
Según la fiscalía, que ha sido acusada de actuar alineada con las directrices de Ortega, los ocho individuos permanecen en detención preventiva a la espera de su juicio programado para comenzar el 11 de septiembre. Los cargos derivan de lo que las autoridades describen como “graves crímenes cometidos contra el tesoro público.”
Contrario a la narrativa oficial, medios de oposición operando en el exilio han informado que los funcionarios detenidos son en realidad miembros del Frente Sandinista. Estos individuos formaban parte de un grupo de WhatsApp llamado “La Comuna,” donde supuestamente criticaban decisiones tomadas por el gobierno de Ortega.
El grupo fue detenido el 26 de julio junto a Carlos Fonseca Terán, hijo de Carlos Fonseca Amador—fundador del Frente Sandinista asesinado en 1976 durante la dictadura de Anastasio Somoza. “La fiscalía acusa a todos en un grupo de WhatsApp con Carlos Fonseca Terán, excepto a él,” reportó La Prensa, un periódico con sede en Costa Rica.
Detallando aún más la situación, Confidencial, otro medio editado en San José, reveló que Fonseca Terán se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario. A pesar de liderar el grupo de WhatsApp “La Comuna,” el gobierno no lo ha acusado formalmente ni proporcionado información detallada sobre sus condiciones de detención.
“Los amigos de Carlos Fonseca Terán son retratados por la fiscalía como un ‘grupo criminal’ que robó fondos del tesoro público,” agregó La Prensa. Sin embargo, Confidencial señaló que si bien ninguno de los miembros de “La Comuna” se oponía directamente al liderazgo de Daniel Ortega, cuestionaban ciertas decisiones del régimen.
Esta represión forma parte de un patrón más amplio de represión por parte del gobierno de Ortega, que, junto con la Vicepresidenta Rosario Murillo, ha intensificado sus acciones contra la disidencia tras las protestas opositoras de 2018. Estas protestas resultaron en más de 300 muertes, según informes de las Naciones Unidas.
En 2023, el gobierno amplió su campaña contra los críticos acusándolos de traición, liberándolos de la cárcel, expulsándolos del país y despojando a 316 políticos, periodistas, intelectuales y activistas de su nacionalidad y bienes. Además, la administración ha apuntado a la Iglesia Católica y ha cerrado aproximadamente 5,500 organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales son de carácter religioso.
La comunidad internacional ha expresado preocupación por estos acontecimientos, considerándolos como evidencia adicional de las tendencias autoritarias de Ortega y el desprecio de su administración por los principios democráticos y los derechos humanos.
