El diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, exigió explicaciones al gobierno después de que el empresario Allan Pacheco Dent obtuviera permisos para un proyecto de tala aparentemente ilegal solo tres días después de reunirse con el Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves. El permiso de tala fue concedido en una finca en Gandoca-Manzanillo, tierras consideradas patrimonio estatal.
“Señor Presidente, ¿podría explicarnos cómo Allan Pacheco Dent recibió permisos de tala irregulares —ahora bajo escrutinio de la Fiscalía— el 12 de abril de 2024, menos de tres días después de su reunión en la Casa Presidencial?” preguntó Robles.
El congresista cree que Franz Tattenbach, Ministro de Medio Ambiente, debería comparecer ante la Asamblea Legislativa para abordar las numerosas preguntas de los legisladores sobre el caso de Gandoca-Manzanillo. También instó al Presidente Chaves a comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, donde el tema está siendo investigado.
Pacheco Dent hizo varias visitas a la Casa Presidencial en enero, febrero y abril de este año. Estas visitas quedaron registradas el 17 de enero, 6 y 19 de febrero, y el 9 y 24 de abril, según documentos oficiales. Abril resultó ser un mes clave, ya que fue cuando se le concedieron a Pacheco Dent los permisos para talar árboles en su finca —permisos que ahora están bajo investigación.
Específicamente, el 12 de abril, el Área de Conservación La Amistad-Caribe, oficina subregional Limón-Talamanca del Sistema de Áreas de Conservación (SINAC), autorizó la tala y la cosecha de bosques en terrenos agrícolas sin bosque bajo la modalidad de inventario forestal. El permiso fue concedido por seis meses.
Se otorgó permiso para talar árboles en una zona que, según documentos judiciales, forma parte del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. La Fiscalía Ambiental cree que hubo un intento de cambiar el uso del suelo de áreas boscosas y de humedales, presuntamente para desarrollar infraestructura urbana.
El diputado Robles ha cuestionado repetidamente las acciones de los funcionarios de SINAC y del MINAE en este caso. También ha defendido firmemente la necesidad de proteger el refugio y aclarar si hubo irregularidades en la emisión de los permisos.
