El domingo, Honduras informó que los ocupantes de tierras en las reservas naturales del país están “boicoteando” el plan de deforestación del gobierno iniciado en mayo pasado, ya que desean continuar con la “destrucción brutal” de estas áreas afectadas por la ganadería extensiva y la agricultura.
“Se han organizado para boicotear y detener el Plan Ambiental ‘Deforestación Cero para 2030’,” afirmó en un comunicado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) del gobierno.
La presidenta Xiomara Castro lanzó el plan el 22 de mayo, liderado por el CNDS, que incluye a los jefes de los tres poderes del gobierno y cuenta con el apoyo militar y policial, la Fiscalía, y otros altos funcionarios.
El plan establece una “emergencia ambiental en los bosques de Honduras”, “la defensa de áreas protegidas”, “investigación exhaustiva de actividades delictivas” como el narcotráfico, y “control y neutralización de caminos utilizados para delitos ambientales”, entre otras medidas.
El CNDS explicó que una mesa de diálogo entre el gobierno y los ocupantes de tierras comenzó el viernes con los involucrados en las áreas de Río Plátano, la reserva Tawahka Asangni, los ríos Patuca y Coco, y la Sierra de Entre Ríos, la mayor reserva forestal del país.
Sin embargo, ante una “actitud agresiva”, los ocupantes de tierras se retiraron del diálogo y publicaron “mensajes amenazantes y violentos” en medios y redes sociales, sin mostrar disposición para “resolver el grave problema de la deforestación brutal”.
El gobierno denunció los “terribles daños” causados por “escombros, deforestación e incendios”, así como el “deterioro ecológico y ambiental irreversible, aceleración del cambio climático y sequías severas”.
Reconoció que hay personas de “buena fe”, pero también que “el crimen organizado y el narcotráfico” operan en la región, “cultivando hojas de coca, deforestando grandes extensiones de tierra, para ocultar el lavado de dinero”.
Un abogado de los ganaderos, Juan Soto, dijo a medios locales que fueron “intimidados” antes de entrar en la “negociación”, rodeados de “vehículos blindados”, por lo que “el ambiente se volvió un poco tenso”. Sin embargo, dijo que están dispuestos a asistir a una “mesa de diálogo que respete las garantías constitucionales”.
Honduras es el cuarto país más peligroso del mundo para los activistas ambientales, con 18 asesinatos en 2023, según la ONG Global Witness.
