La Ley Jaguar 2.0 de Costa Rica se consideró inconstitucional

La segunda propuesta de la Ley Jaguar fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional. Titulada “Ley Jaguar para Impulsar el Desarrollo de Costa Rica”, la propuesta, presentada por el gobierno de Rodrigo Chaves con la intención de realizar un referéndum, no superó el test constitucional, según los magistrados.

En junio, los magistrados abordaron las consultas del Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República (CGR), determinando que los artículos 4 y 5 de la propuesta eran inconstitucionales. El Artículo 4 buscaba reformar el Artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, mientras que el Artículo 5 pretendía enmendar el Artículo 5 bis de la Ley Orgánica de JAPDEVA.

La Ley Jaguar 2.0—bajo el expediente No. 24,467—proponía varias reformas, incluyendo cambios en las atribuciones de la CGR, ajustes en los procesos de contratación y adquisiciones estatales, y la ampliación del ámbito de ejecución de JAPDEVA en la Costa Atlántica de Costa Rica.

El impulso por un referéndum surgió después de que la Contraloría General detuviera el proyecto de la Ciudad Gobierno. En julio, la Sala Constitucional declaró inconstitucionales los artículos consultados de la Ley Jaguar original. Como resultado, el gobierno, liderado por la Ministra de la Presidencia Laura Fernández, introdujo la revisada Ley Jaguar 2.0.

La Ministra Fernández instó a los diputados a aprobar un referéndum sobre la versión actualizada, asegurando que el nuevo proyecto resolvía problemas constitucionales anteriores. Sin embargo, tras una revisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Contraloría, se descubrió que aún presentaba fallos legales.

A pesar de este revés, el Presidente Chaves celebró la decisión como una victoria, poco después revelando la Ley Jaguar 2.0, la cual describió como “impecable”. El presidente señaló que los magistrados le habían “dado la receta” para realizar los cambios necesarios en la Ley de la Contraloría General de la República.

Con la decisión y los ajustados plazos legales para organizar un referéndum, ahora parece poco probable que el plan del Presidente Chaves de llevar la Ley Jaguar a una votación pública se concrete.

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