Otras dos leyes también fueron reformadas: una ahora requiere que las iglesias paguen impuestos y la otra restringe el trabajo de las ONG, que ahora solo pueden operar en programas conjuntos con entidades estatales. (Ortega ha cerrado aproximadamente 5,500 ONG y confiscado sus activos.)
Estas iniciativas “buscan crear un marco legal que legitime nuevas prácticas que violan los derechos humanos”, dijo la abogada Camila Ormar, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
“Estas reformas podrían ser utilizadas para intensificar aún más la persecución y represión de los nicaragüenses, incluso aquellos en el exilio”, afirmó Christian Salazar Volkmann, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En un informe anual sobre la situación en Nicaragua, la oficina del Alto Comisionado advirtió de una “grave” deterioración bajo el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, con detenciones arbitrarias de opositores y reportes de tortura y otros malos tratos a detenidos.
Este informe, discutido en Ginebra en septiembre por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue rechazado por la Fiscal General de Nicaragua, Wendy Morales.
Esto no es la primera vez
Los partidarios de Ortega argumentan que este paquete de reformas fortalece las instituciones y permite al gobierno combatir el crimen “transnacional”. “Estas reformas tienen como objetivo fortalecer el trabajo de las instituciones de nuestro país responsables de abordar el crimen organizado transnacional”, dijo la diputada pro-gobierno María Auxiliadora Martínez en una sesión parlamentaria.
Sin embargo, la abogada de Cejil señaló que “no es la primera vez que las leyes en Nicaragua han sido reformadas para criminalizar a quienes son considerados opositores o voces disidentes”. “Las leyes adoptadas o reformadas por Nicaragua deben cumplir con los tratados de derechos humanos reconocidos por el estado”, enfatizó Ormar.
El gobierno de Ortega ha intensificado la represión desde las protestas de la oposición en 2018, que dejaron más de 300 muertos en tres meses, según la ONU. Desde entonces, miles de nicaragüenses han huido al exilio y cientos han sido expulsados, con la confiscación de sus bienes.
El exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y regresó al poder en 2007 afirma que las protestas fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Ley Mordaza
El Código Penal reformado incluye penas de hasta 30 años de cárcel para quienes cometan “crímenes contra el Estado o sus instituciones”, ya sea en Nicaragua o en el extranjero. Mientras tanto, la ley de ciberdelitos impone sanciones por publicaciones en redes sociales y aplicaciones de teléfonos inteligentes que causen “alarma”, con penas de hasta 10 años de cárcel.
Tales penas “son incompatibles con el principio de legalidad establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos”, según Cejil. La persecución de individuos fuera del país llevará a “juicios en ausencia”, advirtió el representante de Cejil.
Justificando abusos
La reforma de la ley de ciberdelitos intensificó una regulación vigente desde 2020, apodada “ley mordaza”, que llevó a la persecución y arresto de muchos opositores y periodistas nicaragüenses por supuestamente “difundir noticias falsas”.
“Estas leyes han resultado en la desnacionalización de muchas personas”, dijo el abogado nicaragüense Salvador Marenco, exiliado en Costa Rica, refiriéndose a Ortega despojando de su nacionalidad a 451 opositores exiliados. Marenco afirmó que esta “política de represión transnacional” es la respuesta de Ortega a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
El ex embajador nicaragüense Arturo McFields dijo que con estas reformas, Ortega está intentando “justificar sus abusos y crímenes y también dar legitimidad legal” a sus acciones represivas.
“Primero llevan a cabo estas acciones sobre el terreno y luego intentan estructurar un marco legal”, agregó el ex embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), exiliado en Estados Unidos.
