La ONG Save the Children negó estar involucrada en el tráfico de menores migrantes en Guatemala, un día después de que la fiscalía allanara cinco de las oficinas de la organización en el país. Los allanamientos fueron liderados por el polémico fiscal Rafael Curruchiche, quien reportó “posibles violaciones y abusos contra los niños guatemaltecos”, alegando el tráfico de menores migrantes que viajan solos hacia los Estados Unidos.
“Reafirmamos que nunca hemos facilitado el traslado de ningún niño o adolescente fuera de Guatemala,” dijo la ONG en un correo electrónico enviado a AFP tras los allanamientos en sus oficinas en dos municipios fronterizos con Honduras y tres pueblos mayas. “Después de las anteriores acusaciones en contra de nuestra organización a principios de este año, confirmamos que no se encontraron evidencias de irregularidades,” agregó la ONG, con sede en el Reino Unido, refiriéndose al allanamiento en su sede nacional en la capital de Guatemala en abril.
El primer allanamiento tuvo lugar 12 días después de que los medios locales reportaran que la fiscalía guatemalteca solicitó la cooperación de su contraparte en Texas para investigar el presunto tráfico de niños guatemaltecos en la frontera sur de EE. UU., lo que presuntamente involucraría a ONGs como Save the Children.
En una carta, el secretario general de la fiscalía guatemalteca, Ángel Pineda, pidió al Fiscal General de Texas, Ken Paxton, su “atención” ante una “grave situación” respecto a una denuncia sobre una supuesta “red compleja” de tráfico de menores no acompañados. Según Pineda, la denuncia alertaba sobre un “patrón de desaparición” de niños en Guatemala que posteriormente eran encontrados sin protección parental en albergues en Texas, lugares con historial de denuncias por “abuso sexual”.
“Estamos profundamente comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Estamos cooperando con las autoridades y cuidando a nuestro personal,” declaró Save the Children. La ONG comenzó a operar en Guatemala en 1976 después de que un terremoto devastara el país y se estableció formalmente en 1983. Actualmente tiene proyectos en educación, salud, nutrición y asistencia a familias migrantes, entre otros.
Curruchiche, Pineda y su jefa, la Fiscal General Consuelo Porras, han sido sancionados por los Estados Unidos y la Unión Europea por ser considerados “corruptos” y “antidemocráticos.”
